Mediante el Decreto Supremo 5678, el Gobierno destituyó al ministro de Economía y Finanzas Púbicas, José Gabriel Espinoza, quien fue censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y designó al ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, como titular interino.
El decreto presidencial 5678 deja sin efecto la designación del titular de una de las cartas más importantes del gabinete mediante la disposición 5486, del 9 de noviembre de 2025, y “designa al ciudadano Óscar Mario Justiniano Pinto, ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, como ministro de Economía y Finanzas Públicas”.
La normativa señala que el nombramiento permanecerá vigente hasta la designación del nuevo ministro titular.
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Minutos antes, en contacto con Radio Splendid, el despacho del entonces ministro Espinoza negó las versiones sobre la presentación de una carta de renuncia. Sin embargo, poco después, se dio a conocer la promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial de la nueva normativa.
La decisión responde a la censura aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 18 de agosto, que fue comunicada formalmente al órgano Ejecutivo el 20 de agosto. De acuerdo a normativa, una vez conocida la decisión legislativa, el Presidente del Estado dispone de un plazo máximo de 24 horas para destituir al ministro censurado.
No obstante, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, había descartado la destitución de Espinoza porque la sesión del órgano Legislativo incumplió los procedimientos durante la aprobación de censura.
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El funcionario citó el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que para censurar a un ministro se necesita de “dos tercios de los miembros de la Asamblea”. Para Gálvez, el cálculo debe realizarse sobre el número total de parlamentarios y no sobre los presentes en la sesión.
Recientemente se conoció la presentación de una acción de amparo constitucional en la ciudad de El Alto contra la resolución de censura. La Sala Constitucional Tercera admitió el recurso y fijó una audiencia para el 24 de agosto.
Sin embargo, el Gobierno no recibió ninguna notificación sobre la medida cautelar, por lo que procedió con la destitución.