Luego de los recientes operativos de la Fiscalía en el marco de las pesquisas contra el asesor político, Fernando Cerimedo, el Comando General del Ejército de Bolivia emitió un pronunciamiento sobre la presunta vinculación de un efectivo militar en los hechos investigados.
La institución confirmó que el implicado, identificado como Fritz Gironda Aquize, “prestó servicios en el Ejército de Bolivia con el grado de teniente de infantería”, pero “posteriormente, presentó voluntariamente su solicitud de retiro de la institución, la misma que fue considerada y aprobada”.
Dicha solicitud, de acuerdo al documento, fue tratada por el Tribunal del Personal del Ejército en mayo del presente año.
LEE TAMBIÉN: Representante legal de casa de cambios vinculada a Cerimedo huyó con $us 700.000, según Fiscalía
“En consecuencia, el señor Fritz Gironda Aquize no pertenece actualmente al Ejército de Bolivia, y no ejerce ninguna función, autoridad ni representación institucional” indica la institución.
El pronunciamiento de la entidad castrense surge luego del allanamiento de una casa de cambios, ubicada en la zona Sur de La Paz, que estaría vinculada a Cerimedo. El fiscal Miguel Cardozo informó que se recolectaron elementos que vincularían a al asesor político con las actividades económicas realizadas en el lugar y confirmó que el representante legal del establecimiento huyó del lugar con aproximadamente $us 700.000.
“La persona que se habría dado a la fuga sería militar. No sabemos si es (en servicio) activo o pasivo”, declaró.
LEE TAMBIÉN: Cisterneros anuncian paro nacional desde el lunes por deuda de YPFB y falta de diésel
En medio de las pesquisas, publicaciones y portales digitales relacionaron al fugitivo con un efectivo del servicio activo de la entidad castrense.
El Ejército remarcó que “cualquier actuación que se le atribuye con posterioridad a su retiro es de carácter estrictamente personal y no representa ni compromete” a la institución.
El fiscal indicó que la Policía activó la búsqueda del representante legal y realiza controles, incluso en las fronteras. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con los requerimientos para establecer la situación legal y el funcionamiento de la casa de cambios.