Personal de seguridad de la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, interceptaron un teléfono celular que pretendía ser ingresado al establecimiento para luego entregarlo al consultor político, Fernando Cerimedo, informó el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Aldrin Cordero.
Según el informe, un recluso del penal de máxima seguridad que se dedica a la comercialización de alimentos dentro del recinto intentó introducir el dispositivo. Sin embargo, el móvil fue detectado en el área de control de seguridad.
“Un privado de libertad que se dedica a la venta de comidas y facilita la alimentación para algunos privados de libertad ha tratado de introducir un equipo móvil de comunicación a uno de estos privados de libertad, vale decir al señor Cerimedo”, informó en rueda de prensa, junto con el gobernador del penal de máxima seguridad emplazado en Viacha, el mayor Edgar Espinoza.
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Cordero señaló que el dispositivo estaba camuflado entre los alimentos que supuestamente estaba destinados al consultor político. “Se han realizado las requisas preventivas y selectivas, donde se ha podido secuestrar un equipo móvil”, dijo.
En ese marco, anunció que se activaron los mecanismos correspondientes de acuerdo a la normativa que regula el sistema penitenciario nacional.
Respecto a la relación entre el infractor y el ciudadano argentino, Cordero manifestó que no existe ningún tipo de vínculo, “simplemente es alguien que le lleva la alimentación”.
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En la víspera, la Justicia ratificó la detención preventiva de Cerimedo en el penal de Palmasola por el lapso de 180 días, dentro de la investigación por el delito de feminicidio, relacionado con el atentado que sufrió su expareja, Nadia Beller, en la ciudad de Santa Cruz.
Sin embargo, Jerjes Justiniano, abogado de Beller, precisó que el fallo judicial no incluye una orden de traslado de la cárcel de Chonchocoro hasta el penal cruceño, al señalar que la audiencia se enmarcada en un proceso diferente.
Cerimedo cumple detención preventiva en el penal del municipio de Viacha por el delito de enriquecimiento ilícito, investigación que radica en la ciudad de La Paz. Sumado a ello, el consultor político enfrenta otros tres procesos, uno por intento de feminicidio, violencia doméstica; ambos en Santa Cruz, y presuntos vínculos con el narcotráfico, en Beni.