El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón rechazó enfáticamente la aprobación, en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, del proyecto de Ley para Garantizar la Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano. El legislador advirtió que esta iniciativa altera completamente el sentido de una verdadera legislación punitiva al enfocar las sanciones penales contra las autoridades subnacionales y nacionales que no resuelvan las exigencias de los manifestantes.
“En lugar de ser una verdadera ley antibloqueo, esta es una ley probloqueo, porque traslada las responsabilidades de los bloqueadores a las autoridades públicas, castiga a las autoridades públicas para dejar impunes a los bloqueadores». Asimismo, el parlamentario calificó sarcásticamente al texto como «ley Mariaca», argumentando que agravar las penas por incumplimiento de deberes a alcaldes, gobernadores, ministros o al presidente otorgará un pretexto jurídico a los manifestantes para evitar la cárcel, responsabilizando previamente a la autoridad por no evitar el conflicto.
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En esa misma línea, el legislador sostuvo que el bloqueo no constituye un ejercicio válido del derecho a la protesta social, sino un delito violento que toma como «rehén» a la población civil e impone la coacción sobre los ciudadanos. Bajo esta lógica, enfatizó que ninguna demanda ni motivo justifica la vulneración del derecho a la libre circulación, sin importar si la respuesta de las instituciones públicas resulta insatisfactoria.
El rechazo a la iniciativa de la comisión suma además el respaldo de otros parlamentarios promotores de leyes punitivas contra los cortes de vías, como el diputado Israel Mérida de Libre y la diputada Josemaría Soruco de Unidad. Ante esta coyuntura, Alarcón anunció que fundamentará y pedirá el rechazo total y absoluto del dictamen durante el tratamiento en el pleno de la Cámara Baja. Del mismo modo, solicitará que se consideren directamente las propuestas antibloqueo presentadas con más de un año de antigüedad.
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Finalmente, el proyecto planteado por el bloque opositor se articula en cinco artículos estructurados para proteger a la población y restituir el orden público. Esta norma alternativa establece tres graduaciones de sanciones de presidio de acuerdo con el nivel de participación en los bloqueos, dispone la reparación económica integral de los daños bajo responsabilidad solidaria de los manifestantes y brinda respaldos operativos a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas para evitar que el personal desplegado sea juzgado con posterioridad.