La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Pedro Callisaya Aro, emitió una alerta temprana nacional sobre el riesgo inminente que enfrenta el derecho a la alimentación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado. Tras una verificación realizada en 54 establecimientos —que incluyen 18 centros de acogida para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), 15 hogares de Personas Adultas Mayores (PAM) y 21 hospitales públicos de segundo y tercer nivel en las nueve capitales departamentales y El Alto—, la entidad evidenció un preocupante desabastecimiento provocado por el incremento generalizado de precios, agravado por la eliminación de la subvención al diésel y las variaciones del mercado.
“Nosotros queremos alertar un riesgo inminente en el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado”, señaló el defensor a tiempo de revelar que el 67% de los centros de acogida de niñez, el 60% de los hogares de adultos mayores y el 43% de los hospitales verificados registran un encarecimiento en los insumos básicos, haciendo insostenibles los presupuestos actuales. La crisis afecta directamente la calidad y variedad nutricional: el 17% de los establecimientos de NNA carece de insumos frescos y un 22% ha reducido la variedad alimentaria en recintos como Aldeas Infantiles de El Alto y el Hogar Penny de Oruro. En los centros de adultos mayores, el 73% señala que sus fondos ya no cubren la cantidad habitual de alimentos, dejando al 20% sin reservas de productos secos y al 27% sin productos frescos.
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Ante la falta de liquidez y las demoras o trabas de los proveedores para vender a los precios pactados anteriormente, las instituciones se han visto forzadas a recurrir a medidas extremas para subsistir. Un 40% de los hogares de ancianos y un 22% de los centros infantiles dependen de donaciones para operar, mientras que otros establecimientos han tenido que reducir raciones o sustituir insumos por opciones de menor calidad. Para sostener el área de cocina, también se han desviado fondos destinados a necesidades prioritarias como transporte, educación, compra de pañales e incluso medicamentos psiquiátricos que no cubre el Sistema Único de Salud (SUS).
El sector de la salud pública presenta un panorama similar, con un 52% de los hospitales inspeccionados reportando insuficiencia presupuestaria para garantizar la nutrición y las dietas especializadas de sus pacientes. En casos específicos, como el Hospital San Juan de Dios en Oruro y el de Tarija, las dificultades con las empresas proveedoras han derivado en la reducción directa de las porciones de comida entregadas a los enfermos, vulnerando la continuidad de sus tratamientos y su recuperación.
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Frente a este escenario, Callisaya dirigió un emplazamiento urgente al Gobierno central, al Ministerio de Salud y Deportes, a las Gobernaciones, Municipios y SEDEGES para que dispongan recursos extraordinarios y reajusten los presupuestos institucionales al costo de vida actual. La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a tomar este reporte como un llamado preventivo de máxima gravedad, con el fin de corregir el déficit financiero de forma inmediata y evitar daños irreparables en la salud y dignidad de los sectores más vulnerables del país.