El Ministerio de Gobierno confirmó el envío de una solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) para la entrega de información sobre los 20 ciudadanos bolivianos que conforman la nueva lista de funcionarios que serán afectados con la restricción de ingreso a ese país. Estas personas se sumarán a las 13 primeras que fueron observadas el lunes.
En una improvisada rueda de prensa, el ministro Marco Antonio Oviedo sostuvo que aguardan la entrega de los antecedentes que sustentan los señalamientos de la administración del país del norte contra exautoridades y altos funcionarios bolivianos.
“Ya se ha solicitado la información. No la conozco, no soy del Gobierno de EEUU, yo soy funcionario del Gobierno de Bolivia”, declaró la autoridad al ser consultado sobre las acciones del órgano Ejecutivo y los nombres de aquellos que integran la nueva nómina.
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El lunes, el Departamento de Estado de EEUU informó sobre la aplicación de sanciones migratorias a un total de 13 ciudadanos bolivianos, varios de ellos vinculados al sistema judicial, entre ellos al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el coronel de la Policía, Frans William Cabrera, el exministro de Justicia, Iván Manolo Lima, entre otros.
En el caso del fiscal general Mariaca, la administración del presidente Donald Trump le atribuye presuntos actos de favorecimiento al narcotráfico y en beneficio de ciudadanos vinculados a hechos violentos. El ministro Oviedo puntualizó que la consulta diplomática también abarca las versiones sobre un posible vínculo entre la autoridad del Ministerio Público y el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.
Un día después, EEUU anunció que impondrá restricciones de visa “a otros 20 funcionarios bolivianos” supuestamente implicados en casos de corrupción. “El Departamento de Estado también está tomando medidas para imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos corruptos”, informó la oficina de la Casa Blanca en su cuenta de X, sin detallar los nombres.
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Oviedo precisó que el Gobierno norteamericano tiene potestad para determinar quién puede o no ingresar a su territorio y estableció una diferencia entre la medida y cualquier investigación que pueda desarrollarse en Bolivia.
“Una cosa es el retiro de las visas. Eso es competencia, atribución de un Estado para ver qué ciudadanos tienen derecho a ingresar y qué ciudadanos no”, precisó.
De igual forma, la autoridad afirmó que las denuncias relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico serán investigadas. “Ustedes conocen ya la política del Gobierno, es una política drástica, es una política sin retroceso”, sostuvo al tiempo de calificar de “exitosísimos” los resultados de la política antinarcóticos que impulsa la actual gestión.
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Sobre la situación del fiscal general Mariaca, el ministro Oviedo señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) será la entidad encargada de encabezar las pesquisas contra el alto funcionario y, en caso de ser necesario, evaluar posibles sanciones.
Mariaca asumió el cargo el 22 de octubre de 2024 tras ser designado por el órgano Legislativo y, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, su mandato es de seis años.