El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este miércoles la denominada “Ley de Prediarios”, que establece que el Gobierno central asumirá el financiamiento de los prediarios y la gestión del régimen penitenciario, una obligación que hasta ahora recaía sobre las gobernaciones departamentales.
Durante el acto de promulgación, realizado en el hall de Palacio Quemado y con la presencia de gobernadores, legisladores y representantes del Alto Mando Militar y Policial, el mandatario destacó el consenso alcanzado entre los distintos niveles del Estado para la aprobación de la norma.
Paz señaló que el paquete legislativo trabajado por la Aamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contempla, además del tema de los prediarios, otras cinco o seis políticas públicas de alcance nacional.
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“Yo, como Ejecutivo, quiero reconocer la labor generada por el Parlamento en un esfuerzo conjunto para que una ley como esta vaya en beneficio de los bolivianos a través de las gobernaciones”, afirmó.
Según explicó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, la norma permitirá liberar alrededor de 209,5 millones de bolivianos de los presupuestos departamentales para destinarlos a otras necesidades consideradas urgentes.
De ese monto, 87,6 millones de bolivianos estarán destinados a garantizar el pago de prediarios y la gestión del régimen penitenciario, mientras que otros 116,5 millones serán utilizados para cubrir viáticos y bonos de vacunación del sector médico.
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La normativa también contempla recursos para la gestión operativa y un desembolso de 3,4 millones de bolivianos destinado a la intervención ambiental de la cuenca del río Pilcomayo.
El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó la conclusión del tratamiento de la norma en ambas cámaras y sostuvo que la medida permite corregir una distribución de responsabilidades que, según explicó, había sido trasladada anteriormente a las administraciones departamentales mediante un decreto.
“Lo que se ha hecho es devolver una obligación al nivel central que fue en su momento transferida a los niveles departamentales”, afirmó Ávila, quien vinculó la medida con un proceso de fortalecimiento de las autonomías.
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Con la promulgación, el órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), asumirá el financiamiento de los prediarios y la gestión operativa de los centros penitenciarios del país.
El Gobierno considera que la medida permitirá a las nueve gobernaciones contar con mayor disponibilidad presupuestaria para atender otras demandas sociales, de salud y de infraestructura en sus respectivas regiones.