La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su respaldo institucional al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) aplicó sanciones migratorias en su contra por presunto favorecimiento al narcotráfico y a personas involucradas en hechos de violencia.
“Expresaron nuestro respaldo institucional al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, en el ejercicio de sus funciones que le asignaron la Constitución y las leyes, destacando la importancia de que el Ministerio Público actué con independencia, imparcialidad y dentro del marco jurídico vigente”, indica un pronunciamiento oficial de la organización.
El ente obrero señaló que su posición responde a la defensa de la soberanía nacional, la independencia institucional y el cumplimiento de la Constitución y las leyes bolivianas. En ese sentido, cuestionó cualquier intervención externa en asuntos internos del país.
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Afirmó también que las controversias relacionadas con autoridades bolivianas deber ser atendidas por las instituciones nacionales, en referencia a la lista difundida por el Departamento de Estado de EEUU en las que se menciona a exautoridades y altos funcionarios, entre ellos el fiscal general Mariaca y al exministro de Justicia, Iván Lima, a los que revocó el visado a ese país por señalamientos de «corruptos» y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente».
“Los asuntos internos de Bolivia deben resolverse por las autoridades e instituciones bolivianas”, señala el documento.
El pronunciamiento de la COB finaliza con un llamado a la población a preservar la unidad y la paz social, así como el respeto a las instituciones democráticas y la convivencia entre los bolivianos.
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El ente obrero expresó su respaldo público al fiscal general en medio del debate político y las posibles acciones que podrían impulsarse para que sea investigado o sometido a un eventual proceso judicial en Bolivia.
Desde EEUU, una nueva publicación del Departamento de Estado anunció que aplicará sanciones similares contra otros “20 bolivianos” presuntamente implicados en casos de corrupción.
“El Departamento también está tomando medidas para imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos corruptos”, señala la divulgación en las redes oficiales de la institución.