El Gobierno, mediante el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, aseguró que no contempla, por el momento, retirar la subvención a la gasolina ni al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y señaló que la prioridad es avanzar con la eliminación del subsidio al diésel, debido al costo que representaba para el Estado.
“Es algo que estamos tratando con mucho más cuidado. Hoy por hoy no está en una agenda de trastocarlo, menos el GLP y el gas, porque son nuestras alternativas reales al hacer toda esta transición de la matriz energética”, declaró a la red Unitel.
Sostuvo que el órgano Ejecutivo está tomando medidas para proteger a los sectores más vulnerables y que el retiro de la subvención al diésel incluye acciones destinados a recudir el impacto de la medida.
El pronunciamiento del vocero presidencial surge dos días después de que se fijara el nuevo precio del diésel bajo un esquema que contempla fluctuaciones en función del precio del mercado internacional y del nuevo régimen cambiario flexible, implementado hace tres meses.
La medida, establecida en el Decreto Supremo 5716, comenzó a impactar en el transporte y en los precios de algunos alimentos, mientras que organizaciones sindicales y sociales alistan medidas de presión contra el Gobierno.
Respecto a los precios, Gálvez señaló que una mayor disponibilidad de productos en los mercados permitiría una regularización gradual y defendió la necesidad de “sincerar la economía”.
LEE TAMBIÉN: Rusia: El partido de Putin revalida la mayoría constitucional, sin oposición
Como parte de las medidas estructurales para contener el impacto social, mencionó la transformación de la matriz energética y planteó impulsar el uso del gas natural, especialmente en el transporte público, debido a las posibilidades de abastecimiento que – según dijo – existen a partir de las labores de exploración y explotación.
Por otra parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ratificó que el precio de la gasolina en el mercado interno se mantiene sin modificaciones tras la aplicación del Decreto Supremo 5716. En varias regiones, federaciones de transportistas determinaron suspender sus servicios hasta establecer nuevas tarifas, mientras que algunos conductores subieron provisionalmente el precio de los pasajes.

