La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los posibles impactos económicos y sociales derivados del levantamiento total de la subvención al diésel, dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5716 que fija el precio final en Bs 17,95 por litro. En su pronunciamiento emitido este 20 de septiembre en La Paz, la institución advirtió que el combustible es clave para el transporte, la producción agropecuaria, el comercio y otras actividades, por lo que el incremento de casi 83% respecto a los Bs 9,80 anteriores podría repercutir directamente en alimentos, pasajes y productos de primera necesidad.
La entidad defensorial reconoció los desafíos económicos que enfrenta el Estado y la necesidad de preservar la estabilidad de las finanzas públicas, pero recordó que toda política económica debe considerar sus efectos sobre los derechos económicos y sociales, especialmente el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado. El Gobierno justificó la medida señalando que el diésel ahora costará lo mismo que cuesta comprarlo afuera y que su precio fluctuará diariamente según el mercado internacional para garantizar el abastecimiento y frenar el contrabando.
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En ese contexto, exhortó al Órgano Ejecutivo a implementar medidas de mitigación “oportunas, suficientes, accesibles y transparentes”, con prioridad en los hogares de menores ingresos y sectores vulnerables. También pidió garantizar que las medidas de protección social anunciadas —como el Bono PEPE II por Bs 874 millones, el incremento del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 y créditos productivos— tengan criterios claros de acceso, cobertura y oportunidad.
Asimismo, la Defensoría solicitó establecer un canal efectivo de diálogo y concertación con los sectores que manifiestan sentirse afectados, para evaluar los impactos de la medida y alcanzar puntos de entendimiento que eviten una escalada de la conflictividad social. Planteó además implementar mecanismos permanentes de monitoreo de precios y abastecimiento, con especial atención a la canasta básica, el transporte y otros bienes y servicios esenciales.
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Finalmente, llamó a los sectores sociales, productivos y económicos a ejercer sus derechos mediante mecanismos pacíficos, preservando los derechos de la población y evitando acciones que profundicen la vulnerabilidad o afecten los servicios esenciales. Advirtió que hará seguimiento a los efectos de la medida sobre los derechos humanos y emitirá las recomendaciones correspondientes, en su rol de Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”.