La bancada de Alianza Unidad, a través de la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, y el diputado Carlos Alarcón, presentó los principios de su propuesta alternativa de Ley de Inversiones y advirtió que Bolivia está en grave riesgo por el agotamiento de los yacimientos de gas y petróleo. Según Cabrera, en 2028 el país tendrá que dejar de exportar gas natural para abastecer el mercado interno, comenzará a importar gas licuado de petróleo para las garrafas domésticas y en 2030 tendrá que importar electricidad.
Cabrera advirtió que la crisis actual de combustible se convertirá en una crisis “gigantesca y monstruosa” que afectará a las familias. Señaló que el Estado no podrá seguir subvencionando la garrafa, el gas domiciliario, vehicular ni evitar que el precio de la electricidad suba a niveles internacionales, lo que disparará la inflación hacia la hiperinflación y llevará a la población a niveles extremos de pobreza.
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La legisladora criticó el proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno por considerar que no atraerá grandes inversiones, complica a los empresarios bolivianos y promueve más trámites y exámenes discrecionales ante la burocracia, favoreciendo a quienes tengan mayor cercanía con el gobierno de turno. “Darles a los funcionarios la atribución de tomar examen a los inversionistas para determinar cuánto les reducirán de impuestos es una idea desastrosa en un país con baja institucionalidad y alta corrupción”, afirmó.
Frente a ello, Alianza Unidad plantea tres principios para una ley eficiente: primero, certeza de arbitraje internacional con laudo final no anulable por la justicia boliviana para cualquier controversia; segundo, que toda expropiación, nacionalización o acto que prive de su inversión deba tener justificación suficiente, aprobación por dos tercios de la Asamblea Legislativa, pago justo por peritos externos e indemnización en 120 días; y tercero, garantía de libre repatriación de capitales y utilidades, libre convertibilidad de la moneda y acompañamiento estatal para que la inversión obtenga todos los requisitos en 120 días.
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El diputado Carlos Alarcón explicó que la gran diferencia con la propuesta oficialista es que no busca burlar los candados constitucionales, sino eliminarlos mediante una reforma parcial de la Constitución. Detalló que se trata de cuatro artículos —dos principales y dos complementarios— que sacan 17 artículos económicos y 13 judiciales del rango constitucional para llevarlos a rango legislativo, lo que calificó como la “mayor estafa histórica del MAS”. La metodología, dijo, permite trabajar en paralelo la reforma —ya presentada en el Senado— y las leyes estructurales, estableciendo que estas entren en vigencia al día siguiente de publicada la reforma, para generar seguridad jurídica y atraer inversiones urgentes en hidrocarburos y minería.