El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, informó que el informe de la comisión especial de investigación de la Cámara de Diputados que investigó el caso denominado “gasolina basura” detectó irregularidades en los controles de calidad de combustibles importados y señaló responsabilidades de exautoridades del sector estatal de hidrocarburos.
Explicó que el documento establece que durante el Gobierno de Luis Arce se autorizó la importación de gasolina que no cumplía con los estándares de calidad y la gestión del exministro Mauricio Medinaceli, ya en la administración del presidente Rodrigo Paz, habría avalado su distribución, pese a que permanecía inmovilizada por observaciones.
“La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) dispuso el precintado de cinco tanques de almacenamiento por sospechas de ser desestabilizada y que, con una resolución ministerial, el exministro dispuso el desprecintado de estos tanques y la distribución de esa gasolina sin que pase por el respectivo control de calidad”, afirmó.
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En declaraciones a la red Unitel, el legislador señala que la investigación menciona dos decretos supremos que, a criterio de la comisión, habrían permitido el ingreso al país de gasolina que no cumplía con los estándares de calidad. En ese contexto, mencionó presuntas responsabilidades que involucran al expresidente Luis Arce y a los exministros de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo y Medinaceli.
Agregó que el informe señala que la ANH presentó certificados de calidad emitidos por tres empresas con las que, presuntamente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no tendría contratos registrados. Además, esos documentos carecerían de parámetros considerados esenciales para evaluar la calidad del combustible.
De acuerdo con los análisis revisados por la comisión, algunas muestras presentaban niveles elevados de goma y, en determinados casos, un contenido excesivo de etanol, factores que podrían afectar las especificaciones técnicas de la gasolina.
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La investigación abarca hechos ocurrido entre octubre de 2025 y enero de 2026. Alarcón explicó que la normativa vigente en ese periodo permitía presentar los certificados de calidad hasta diez días después del mes siguiente a la importación, lo que posibilitaba la venta del combustible antes de completarse la verificación documental.
Además de las observaciones sobre la calidad, el informe identificó posibles irregularidades en los contratos de importación de combustible, entre ellas menciona variaciones en los denominados “premios”, costos asociados al suministro, transporte de carburantes, que podrían representar un presunto daño económico al Estado.
“Han identificado inflación de precios y una fluctuación del valor de los precios denominados ‘premios’ de los contratos, fluctuaciones muy grandes de precios. Ahí habría un indicio que tendría que investigar el Ministerio Público”, declaró.
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Asimismo, el documento también hace referencia a contratos suscritos con la empresa Vitol y a operaciones realizadas mediante Botrading, aspectos que, según la comisión, deberán ser investigados para establecer si existieron sobreprecios o responsabilidades administrativas y penales.
Alarcón anunció que el informe será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración y, en caso de ser aprobado, los antecedentes pasarán a las instancias competentes para la determinación de eventuales responsabilidades.