A través de una misiva, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz, Rufo Calle, solicitó al presidente del Estado, Rodrigo Paz, descartar la posibilidad de decretar un Estado de excepción y apostar por el diálogo como mecanismo para resolver el actual conflicto que atraviesa el país desde principios de mayo.
En conferencia de prensa juntos a otros asambleístas, Calle remitió una carta al primer mandatario en la que expresan su preocupación por una eventual declaratoria de la figura constitucional que –según dijo– podría derivar en enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del orden.
“Hemos hecho saber nuestra preocupación al presidente Rodrigo Paz mediante una misiva, donde expresamos textualmente: ‘no puede haber derramamiento de sangre’. (Por tanto) pedimos que no haya medida de excepción”, declaró.
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El presidente de la ADL de La Paz consideró que la implementación de un Estado de excepción “significaría dar carta blanca a las Fuerzas Armadas, y eso no está bien”. “No queremos derramamiento de sangre ni confrontación entre bolivianos, en particular en el departamento de La Paz”, reiteró.
El pronunciamiento del ente deliberante de La Paz, una de las regiones más afectadas por los bloqueos y epicentro de las movilizaciones de sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Paz, surge luego de una reunión sostenida con la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de El Alto.
Calle indicó que en el encuentro se evaluó la situación de las movilizaciones que cumplen este jueves 42 días consecutivos y los impactos en la población. En ese marco, remarcó la importancia de la medicación de las tres instituciones para concretar acercamientos entre el Gobierno y los sectores movilizados y alcanzar acuerdos para la pacificación del país.
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A más de cinco semanas del inicio del conflicto, el pasado 1 de mayo, las posiciones continúan distantes. El Gobierno insiste en el diálogo, pero no descarta la aplicación de un Estado de excepción para contener las protestas sociales y despejar las principales carreteras del país, mientras que, desde los sectores movilizados, la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó cualquier acercamiento con las autoridades nacionales y dejaron en manos de las bases de las organizaciones sociales la continuidad de las medidas de presión.
“Ya no queremos más sufrimiento, pero tampoco queremos que haya más amenazas de parte del Gobierno, no puede estar dando la mano y con la otra, dando el puñal, no está bien”, afirmó.
Asimismo, Calle solicitó la liberación de las personas detenidas durante las movilizaciones, principalmente en la sede de Gobierno, y exhortó al órgano Ejecutivo a convocar a todos los actores involucrados para instalar espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones a la crisis.
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“Si queremos dialogar no debe haber más apresamientos ni detenidos. Pedimos públicamente, como Asamblea Departamental, que sean liberados después de las ocho horas” de arresto”, agregó.
Por último, el titular de la ALD de La Paz remarcó que tanto los movilizados como los efectivos policiales son bolivianos, por lo que llamó a evitar cualquier escenario de violencia y a priorizar la concertación.