Una ampliado del transporte pesado nacional e internacional determinó otorgar un plazo de 15 días al Gobierno para firmar, en presencia de un notario de fe pública, un documento para impulsar la libre importación de combustibles con arancel cero y realizar el mantenimiento de las principales carreteras del país. En caso de no recibir respuesta, el sector advierte con declararse “en quiebra” y, por consiguiente, suspender el pago de cargas impositivas.
Las determinaciones fueron adoptadas en el encuentro realizado el martes en la ciudad de Cochabamba, donde también se definió exigir una reunión en el corto plazo con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, para abordar la crisis que atraviesa el sector y el incumplimiento de acuerdos previos.
“Con estas resoluciones, vamos a esperar el cumplimiento de nuestras autoridades. Caso contrario, si no cumplen con las peticiones, principalmente la reunión con la primera autoridad del país, nosotros nos declararemos en quiebra nacional para no pagar peajes, para no pagar impuestos, para no pagar a los bancos” los créditos solicitados, afirmó el dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos.
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Detalló que el ampliado de Cochabamba determinó exigir el cumplimiento de todos los convenios sellados con la Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y otras instituciones del Estado; garantizar el abastecimiento de diésel, mediante un decreto supremo que autorice la libre importación con arancel cero y brinde seguridad jurídica a los interesados; y la ejecución inmediata de proyectos de mantenimiento en la Red Vial Fundamental (RVF).
Ramos sostuvo que, pese al fin de los conflictos sociales y los diferentes convenios firmados con la administración nacional, el desabastecimiento del diésel persiste y los conductores deben realizar largas filas en las estaciones de servicios, lo que reduce los tiempos dedicados a sus actividades y dificulta el cumplimiento de sus compromisos con el Estado y la banca.
En ese marco, consideró importante una reunión urgente con el primer mandatario para encontrar soluciones a la crisis por la provisión de combustibles, las dificultades financieras de los conductores, el cumplimiento de acuerdos, además de la materialización de promesas electorales.
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“Si no hay capacidad para hacer una restructuración de instituciones, como Aduana o Diprove, entonces cumpla su palabra y desaparesca estas instituciones”, dijo.
Respecto a las deudas bancarias, Ramos indicó que también demandan una reunión con autoridades del área para abordar la aplicación del fondo de garantía para facilitar acceso al financiamiento en favor de los transportistas, diferimiento de créditos y otros alivios económicos, debido a los perjuicios ocasionados por la provisión de gasolina contaminada y los más de 50 días de bloqueos.
“Creo que somos claros, las peticiones ya están hechas”, manifestó Ramos.
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Por último, ante un panorama negativo, el dirigente advirtió que el sector presentará denuncias penales contra autoridades del Gobierno por incumplimiento de deberes y esperarán la conclusión del Estado de excepción para convocar a una nueva asamblea y definir medidas de presión.
El estado de excepción fue declarado por Paz Pereira el 20 de junio, con una vigencia de 90 días, tras los bloqueos de carreteras registrados en el país. A la fecha, aún restan 52 días para su conclusión, salvo que sea levantado antes por el Gobierno.