Ante la incertidumbre generada por la escalada del tipo de cambio flexible, la Cámara Boliviana de Desarrolles Inmobiliarios (CBDI) solicitó un análisis “caso por caso” de los contratos compraventa de bienes inmuebles y advirtió que la aplicación de criterios generales podría incrementar la preocupación y afectar la seguridad jurídica.
La institución emitió un comunicado frente a las denuncias de compradores que reclaman por incrementos en sus cuotas desde la vigencia del nuevo régimen cambiario y al anuncio de la Dirección General de Defensa del Consumidor de activar un proceso de revisión de contratos.
En el pronunciamiento, la CBDI ratificó su predisposición y compromiso con la legalidad, la buena fe y la seguridad jurídica para proteger las inversiones y brindar seguridad a todo el sector inmobiliario.
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Indicó que sostiene reuniones con compradores de inmuebles y autoridades nacionales ara llegar a soluciones responsables. “Comprendemos la preocupación de las familias bolivianas. Detrás de cada contrato existe el esfuerzo de quienes buscan construir un patrimonio y el compromiso de empresas que desarrollan proyectos de largo plazo”, señala.
La modificación del tipo de cambio generó variaciones en los contratos de bienes inmuebles a crédito directo y en divisa extranjera, tanto para empresas como para compradores, quienes denuncian un incremento en la carga económica. Entre tanto, el sector mobiliario reportó impactos en las inversiones
Ante esta situación, la Dirección de Defensa del Consumidor anunció un proceso de revisión de todos los proyectos inmobiliarios del país, incluidos aquellos que ya cuentan con certificaciones emitidas en gestiones anteriores.
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La medida incluirá a proyectos con certificación de “Libre de Cláusulas Abusivas”, con el objetivo de actualizar y verificar sus contratos. Además, invitó a los usuarios a presentar denuncias y solicitar la revisión gratuita de sus documentos.
La CBDI remarcó que cualquier solución debe construirse a través del diálogo y con estricto respecto al ordenamiento jurídico.
«Cada contrato responde a condiciones y obligaciones específicas. Por ello, cualquier análisis o solución debe realizarse caso por caso, considerando lo expresamente pactado, la normativa vigente y las particularidades de cada relación contractual», señala el comunicado.
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Advirtió que la aplicación de criterios generales a situaciones jurídicas distintas podría generar mayor incertidumbre y afectar la seguridad jurídica.
Por último, la institución afirmó que sus empresas asociadas mantienen habilitados sus canales de atención para revisar cada caso de manera individual para alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes, y expresó su disposición a aportar criterios técnicos que contribuyan a soluciones equilibradas y sostenibles en los espacios de diálogo promovidos por el Estado.

