La diputada Adriana Jiménez de Libre, presentó una Petición de Informe Escrito al Ministerio de Obras Públicas por las obras inconclusas y abandonadas que el Gobierno arrastra desde gestiones pasadas. La parlamentaria centró su denuncia en Cochabamba, donde identificó tres proyectos construidos bajo el modelo del Movimiento al Socialismo que hoy representan un perjuicio de aproximadamente mil millones de bolivianos al Estado.
Los casos señalados son la Villa Sudamericana, la sede de UNASUR y los Condominios Pirwa en Tolata. En este último, dijo Jiménez, se levantaron bloques de departamentos hace más de 10 años que hasta hoy no pueden venderse ni habitarse porque no tienen el PH regularizado ni condiciones básicas de habitabilidad. La legisladora criticó que la única respuesta del Ministerio hasta ahora sean visitas protocolares y no acciones legales, pese a contar con toda la documentación que acredita las irregularidades.
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Para Jiménez el problema va más allá del abandono. Denunció que estas obras se adjudicaron por invitación directa, sin licitación pública, lo que abre la puerta a sospechas de tráfico de influencias. Por eso pidió conformar de inmediato una comisión y una auditoría forense con arquitectos, ingenieros y abogados que revise cada infraestructura construida en la era del MAS. El informe, advirtió, debe convertirse en prueba para el Ministerio Público e iniciar procesos penales contra quienes resulten responsables.
La diputada fue enfática en que las denuncias no pueden quedarse en cámaras y discursos. Exigió que el Gobierno active procesos penales y deje de invertir en refacciones de edificios que se caen a pedazos y que nadie usa. A su juicio, cada día que pasa sin sanción es un día más en el que el daño económico se profundiza y la impunidad se consolida.
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Como salida para mitigar la pérdida, Jiménez propuso reorientar algunas infraestructuras. En el caso de los 96 departamentos vacíos de Cochabamba sugirió evaluar subsidios para que puedan ser vendidos y ocupados. En otros proyectos planteó entregarlos a instituciones para convertirlos en hospitales u otros servicios públicos. Concluyó que es urgente pasar de las promesas a los hechos: regularizar terrenos, identificar responsables y poner esas obras al servicio de la gente.