El expresidente del Estado, Evo Morales, rechazó la segunda orden de aprehensión emitida en su contra este miércoles por la Fiscalía de Santa Cruz, dentro de la investigación por los más de 50 días de bloqueos registrados en el país, y sostuvo que el Gobierno intenta responsabilizarlo de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
A través de redes sociales, Morales aseguró que la nueva acción judicial no lo intimidará y la calificó como parte de una presunta persecución política.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia se merece un camino distinto”, escribió.
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El Ministerio Público emitió el mandamiento de aprehensión tras una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que posteriormente fue acumulada con otra una segunda acusación interpuesta por el Ministerio de Gobierno.
“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, sostuvo.
La Fiscalía de Santa Cruz emitió el miércoles una orden de captura contra Morales por las muertes y las pérdidas económicas ocasionadas durante los más de 50 días de bloqueos, promovidos por organizaciones sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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Dentro del proceso, el también líder de los cocaleros del Chapare enfrenta cargos por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Entre mayo y junio, Bolivia vivió más de 50 días de bloqueos y protestas que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos esenciales. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, esos conflictos dejaron más de 22 personas fallecidas y 88 heridas.
En su pronunciamiento, Morales aseguró que respalda a la población afectada por la escasez de combustibles, el incremento del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Además, sostuvo que los procesos judiciales en su contra no resolverán los problemas del país.