La Contralora General del Estado interina de Bolivia, Sandra Quiroga Solano señaló que se emitió una resolución que sistematiza la comunicación entre las entidades públicas, la Contraloría y la Dirección General de Migración. La medida busca cerrar vacíos de control y evitar que exautoridades abandonen el país sin rendir cuentas sobre su gestión.
Quiroga explicó que el nuevo mecanismo obliga a todas las instituciones públicas a registrar de manera inmediata la desvinculación de cualquier máxima autoridad, sin importar el motivo del cese. El área de Recursos Humanos de cada entidad deberá cargar la baja en el sistema en el mismo día que se produce la salida del cargo.
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El registro se conecta de forma automática con la Contraloría y esta, a su vez, migra la información a Migración. De esta manera, la Dirección General recibe una fuente de datos oportuna para activar las alertas migratorias que considere necesarias. “Ya no vamos a esperar declaraciones juradas de cesación de cargo, como lo hemos ido haciendo hasta el 18 de mayo. Es decir, que autoridad que deja el cargo no puede salir del país”, detalló la contralora interina.
La autoridad aclaró que la Contraloría no tiene competencia para decidir quién sale y quién permanece en territorio nacional. Su rol se limita a “unir esa información a la Dirección General de Migración”, que es la instancia encargada de tomar los recaudos legales correspondientes con base en los datos recibidos.
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Con este cambio, todo el proceso se cumplirá el mismo día de la desvinculación. Para Quiroga, la resolución moderniza el control y garantiza que las exautoridades no eludan responsabilidades fiscales o administrativas antes de abandonar el país, fortaleciendo la transparencia en el manejo de la cosa pública.