Martin Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó una denuncia penal contra el expresidente Luis Arce y el exministro Carlos Eduardo del Castillo por una serie de delitos relacionados con la detención de la autoridad departamental en diciembre de 2022.
“Esta denuncia estaba preparada con meses de anticipación y ha sido improvisada producto de la aprehensión del señor Eduardo del Castillo”, afirmó el jurista en contacto con la prensa.
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Detalló que la denuncia contempla delitos como corrupción pública, como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de otros tipos penales vinculados a vulneraciones de derechos humanos y a la integridad personal, entre ellos tortura, vejámenes y secuestro.
La acusación fue presentada ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, debido a la jurisdicción especial por delitos de corrupción.
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Camacho espera la admisión de la denuncia para que, posteriormente, se proceda con la aprehensión inmediata del extitular de la cartera de Gobierno, al considerar que existen elementos suficientes que sustentan la probabilidad de autoría y riego de fuga.
“Las penas (tipos penales) van desde los 5 hasta los 10 años dependiendo de los tipos penales. Los tipos de anticorrupción tienen algunas penas más graves y el delito de secuestro también es un delito que tiene altas penas”, manifestó.
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El abogado señaló que Del Castillo intentó salir del país la noche del lunes, lo que refuerza el riesgo de que la exautoridad evada posibles acciones judiciales. Además, remarcó que incumplió procedimientos administrativos y que utilizo la presencia de una menor de edad para evitar la intervención policial.
Del Castillo fue aprehendido la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba viajar al exterior del país. Actualmente, enfrenta cargos por obstrucción o impedir el ejercicio de la función policial.
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Se aguarda que el Ministerio Público resuelva la situación jurídica del también excandidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Asimismo, el abogado Camacho adelantó que la denuncia será ampliada contra otras personas y que nuevos denunciantes se sumen al proceso, entre ellos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes argumentan hacer sido víctimas de persecución durante la gestión del exministro de Gobierno.
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Afirmó que los casos abiertos contra integrantes de la entidad se basaron en acusaciones infundadas y cuyas investigaciones se extendieron por más de cinco años sin que se haya logrado probar los tipos penales.
“Se solicitó la extinción del proceso y hasta ahora no existe una resolución”, dijo, y anticipó que podrían aparecer más víctimas de lo que calificó como una persecución “cruel e inhumana” contra líderes de Santa Cruz, entre los que mencionó a Rómulo Calvo, exdirigente cívico, procesado y posteriormente absuelto en el denominado caso Wiphala.