La Fiscalía impugnó la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que otorgó medidas sustitutivas con detención domiciliaria al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, dentro del proceso por la asonada militar de junio de 2024.
“A dicha determinación por parte de la autoridad judicial, el Ministerio Público ha presentado el recurso de apelación y tenemos entendido de que la Sala respectiva convocará a audiencia”, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.
El pasado lunes, el tribunal de La Paz accedió a la solicitud de la defensa legal de exjefe militar de asumir defensa y continuar su juicio oral público en la ciudad de La Paz fuera de la cárcel. En la nueva audiencia, la Fiscalía indicó que presentará todos los elementos y alegatos respectivos para revertir esta situación y lograr que Zúñiga permanezca como detenido preventivo en el penal de El Abra, en Cochabamba.
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Pese a la disposición judicial, el genera de las Fuerzas Armadas (FFAA) no quedará en libertad inmediatamente, pues debe reunir algunas condiciones y requisitos, por lo que hasta que los cumpla deberá estar recluido en el penal de San Pedro. Entre las medidas sustitutivas impuestas figuran la presentación periódica ante el Ministerio Público, arraigo, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos, prohibición de comunicarse con otros partícipes o testigos dentro del caso de presunto golpe de Estado de 2024.
Zúñiga permanece como detenido preventivo desde junio de 2024. El exjefe militar fue aprehendido el miércoles 26 tras encabezar un despliegue militar, que incluyó unidades, blindados y tanquetas, que irrumpió en plaza Murillo e incluso derribó la puerta del antiguo Palacio de Gobierno.
Por otra parte, el fiscal Torrez anunció que el Ministerio Público mantendrá activó el juicio oral por la asonada militar, como acusador principal tras el abandono de las siete supuestas víctimas del proceso.
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“Están como parte del proceso, es el caso del Ministerio de Gobierno y otras entidades y hasta el momento no se tiene ningún tipo de solicitud de retiro, más al contrario, estamos llevando el juicio con total normalidad”, indicó al ser consultado sobre el retiro de las supuestas víctimas.
El juicio contra Zúñiga y otros 21 acusados inició el lunes 13 de julio. En el primer día se conoció que las siete víctimas, que figuran en el memorial de acusación formal, no se presentaron y el Tribunal dictó el abandono de causa y, por tanto, ya no podrán hacerse presentes.
Ante ello, los abogados de los acusados apuntaron al Gobierno de Luis Arce por “fabricar” a las presuntas víctimas, quienes serían funcionarios públicos de su administración que accedieron a presentarse como parte acusadora en el proceso y sumarse a los requerimientos de los abogados de los ministerios.
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Torrez también ratificó que convocarán a los testigos que fueron presentados ante el tribunal. La mayoría de esos testigos son militares y policías, solo hay 16 civiles que pueden atestiguar.
La acusación formal también incluye 117 pruebas documentales, que son los informes y declaraciones de los propios involucrados y de los testigos que prestaron su declaración y deben ratificar su versión ante el tribunal.
En el segundo día del juicio oral, se determinó postergar el proceso hasta fines de agosto del presente año.