El Gobierno, a través del vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, afirmó que los análisis realizados hasta el momento sobre los cargamentos de madera boliviana retenidos en Chile y Brasil no encontraron rastros de cocaína, por lo que consideró que las sospechas que afectaron al sector forestal carecen de sustento.
En conferencia de prensa, Gálvez señaló que los resultados de laboratorio conocidos en Bolivia y Brasil desmienten la versión inicial sobre la supuesta presencia de 108 toneladas de droga en la carga de exportación. No obstante, indicó que aún resta conocer la confirmación oficial de las pericias efectuadas por las autoridades chilenas.
“Aquellas acusaciones que se habían dado en la industria maderera boliviana resultaron no tener los fundamentos y de hecho las pruebas, hasta donde es de conocimiento público ya, dieron negativo. O sea, no hay las 108 toneladas que decían las autoridades chilenas respecto a que había droga en esa proporción, es una cosa inverosímil”, afirmó.
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Sostuvo que la difusión de las denuncias ocasionó un fuerte daño a la imagen de la industria maderera y afectó a las empresas exportadoras y a miles de trabajadores vinculados a la actividad. En ese sentido, consideró que el tratamiento del caso debe invitar a una reflexión sobre las consecuencias de divulgar acusaciones antes de contar con resultados concluyentes.
El jueves, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que hasta el momento no se logró establecer que los cargamentos de madera boliviana hayan sido utilizados para el tráfico de sustancias controladas y remarcó que no existen elementos para responsabilizar al sector maderero.
“Los datos van corroborando en esa dirección, por lo que estamos a la espera de los datos oficiales, formales, son solo del cargamento de madera que se puso en duda en Chile, sino también en Brasil. Ahí también se ha vuelto a ratificar por laboratorios brasileños de que no hay tal carga de estupefacientes”, agregó el vocero presidencial.
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El funcionario lamentó que la información relacionada al caso fue abordada desde una perspectiva política y llamó a reflexionar sobre las consecuencias ocasionadas por el tratamiento inicial del tema.
En paralelo, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que el Gobierno, junto con los exportadores, prepara una denuncia ante instancias chilenas contra el fiscal regional de Arica, al que responsabiliza por los perjuicios ocasionados tras la retención de los cargamentos.
Según explicó, la acción buscará esclarecer la actuación del Ministerio Público chileno y reclamar una indemnización por las pérdidas económicas sufridas por el sector exportador. Paredes también indicó que la Policía Federal de Brasil concluyó sus propios análisis sobre otro envío de madera boliviana y determinó que no existían sustancias controladas en la carga.
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Las declaraciones se producen después de que la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cadex y la Cámara Forestal de Bolivia cuestionaran el manejo del caso por parte de las autoridades chilenas. Esta última informó además que los camiones retenidos por más de 40 días comenzaron a ser liberados luego de que los análisis descartaron la presencia de droga en la madera.
Mientras tanto, la investigación en Chile continúa abierta a la espera de las pericias oficiales pendientes, aunque el Gobierno boliviano sostiene que los resultados conocidos hasta ahora respaldan la inocencia del sector forestal y ahora el desafío será recuperar la confianza de los mercados internacionales.