Según un informe presentado por la Contraloría General del Estado, este viernes, se identificó a 800 exfuncionarios del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que bajo la ley 1352, no pueden abandonar el país mientras se realizan investigaciones en el proceso de rendición de cuentas por el actual gobierno.
El informe de la Contraloría ya fue remitido a oficinas de la Dirección Nacional de Migración para que comience con su control correspondiente, según informó personal de la Contraloría a la prensa.
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En este sentido, la diputada Andrea Ballivián de Alianza Libre, pidió que esta orden de arraigo para los exfuncionarios se cumpla.
“Son 800 exfuncionarios, bueno, 799, porque el expresidente de YPFB (Armin Dorgathen) ya no se encuentra en territorio nacional. Entonces, esperemos que ya no baje este número porque necesitamos que estas autoridades estén en territorio nacional, como corresponde la ley, para brindar la información necesaria” indicó la diputada en contacto con los medios.
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Asimismo, según el informe presentado por la Fiscalía, en el marco de la ley 1352, se tiene como fin garantizar la permanencia de las exautoridades identificadas, dentro de Bolivia, por tres meses, para garantizar los procesos legales y transparentes en la transición del gobierno del MAS con el de Rodrigo Paz.
“Las exautoridades nacionales identificadas deben brindar informes para garantizar la transparencia de sus gestiones y facilitar, de esta manera, el proceso de transición legal y transparente con el nuevo Gobierno” finalizó.
La ley 1352 a la cual hace referencia la Contraloría, tiene por objeto establecer la obligación de que ciertas autoridades del país permanezcan en territorio boliviano por un lapso de tres meses después de cesar su mandato o ser destituidas.
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