El diputado, Alejandro Medinaceli, junto a la bancanda del Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmó que corresponde que el Gobierno designe por decreto al nuevo Fiscal General del Estado interino tras la aprehensión de Roger Mariaca, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional convoca a la elección del titular. Sostuvo que la Asamblea no reconocerá a ninguna autoridad que pretenda autonombrarse en el cargo, por considerar que formaría parte de una estructura criminal montada desde el Ministerio Público.
Medinaceli reconoció la acción del Ministerio de Gobierno y de la Policía Boliviana en la detención de Mariaca, justificando el operativo en una denuncia pública sobre su relación con el narcotraficante Sebastián Marset, videos que evidenciarían ese vínculo y dinero que presuntamente era trasladado de forma camuflada en ambulancias.
LEE TAMBIÉN: Captura de fiscales: Gobierno asegura que desarticuló una “narcoestructura” liderada por Mariaca
El legislador vinculó el caso a una supuesta alianza para desestabilizar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, conformada por el Fiscal aprehendido y el dirigente cocalero del Chapare Evo Morales, a quienes acusó de financiar y movilizar las protestas registradas en los últimos 53 días con recursos provenientes del narcoterrorismo.
Asimismo, denunció que aún existen operadores que buscan encubrir y proteger a Mariaca, ofreciendo entre 10.000 y 40.000 dólares a senadores y diputados para asegurar votos en la Asamblea. Advirtió que los parlamentarios deben definir si están con la ley o con el narcoterrorismo y si defienden la democracia o son parte de la desestabilización.
LEE TAMBIÉN: Caso Mariaca: Lara rechaza destitución “arbitraria” y pide al Legislativo respetar procedimiento
Finalmente, afirmó que la medida del decreto presidencial permitiría evitar un vacío en el Ministerio Público y que, en el corto plazo, por competencia constitucional, será la Asamblea Legislativa la encargada de elegir al nuevo Fiscal General, señalando que su bancada se mantendrá firme en defensa del Estado de Derecho.