La Defensoría del Pueblo ante los recientes acontecimientos en torno a la Fiscalía General del Estado exhortó a preservar la autonomía y continuidad del Ministerio Público, recordando que el Art. 225 de la CPE le otorga autonomía funcional, administrativa y financiera para defender la legalidad, y que ante la suplencia de su máxima autoridad, la sucesión debe formalizarse con estricto apego al Artículo 25, parágrafo II de la Ley N° 260 con transparencia y respeto al debido proceso, evitando acciones que generen incertidumbre.
Mediante un comunicado, la institución señaló que el artículo 225, parágrafos I y II, de la Constitución Política del Estado establece que el Ministerio Público tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejerciendo la acción penal pública, y reconoce su autonomía funcional, administrativa y financiera.
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Asimismo, remarcó que esa autonomía no constituye únicamente una garantía para la entidad encargada de la acción penal, sino también para la sociedad y para toda persona sometida a investigación, por lo que su ejercicio debe estar acompañado de transparencia, fundamentación jurídica y respeto irrestricto de los derechos de las partes.
Consideró fundamental preservar la continuidad y regularidad del funcionamiento del Ministerio Público y, ante la activación del régimen de suplencia de su máxima autoridad, sostuvo que corresponde que las instancias competentes determinen y formalicen dicha sucesión con estricto apego al artículo 25, parágrafo II, de la Ley N° 260 Orgánica del Ministerio Público, garantizando fundamentación, transparencia y seguridad jurídica.
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Finalmente, exhortó a las autoridades públicas a actuar con responsabilidad institucional y mesura, evitando actuaciones que afecten la regularidad del Ministerio Público o generen incertidumbre, y recordó que cualquier actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad, respeto al debido proceso y diligencia.