El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, cuestionó la finalidad de adelantar la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para la próxima semana, pero reprogramada para este viernes, y rechazó una eventual destitución o designación “arbitraria e improvisada” del nuevo fiscal general del Estado, tras la aprehensión del titular Roger Mariaca.
En medio de la agenda oficial que realiza la autoridad en España, la Vicepresidencia publicó un pronunciamiento oficial sobre la captura de la máxima autoridad del Ministerio Público en la ciudad de Santa Cruz, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En el comunicado, Lara sostuvo que la siguiente sesión plenaria del órgano Legislativo no puede ser utilizada para “destituir arbitrariamente” a Mariaca Montenegro ni para “nombrar de manera directa” a un fiscal general interino.
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Recordó que la Ley 260 establece las causales y procedimientos de cesación del fiscal general, y que la destitución no puede tramitarse “simplemente mediante una votación política”, sino que requiere una resolución definitiva dentro del procedimiento correspondiente.
“Cuando existe ausencia o impedimento definitivo, la Ley 260 establece un régimen de suplencia y dispone que la documentación sea procesada por la Comisión Mixta correspondiente”, dice el documento.
Sobre una eventual designación de un nuevo fiscal general del Estado, el vicepresidente afirmó que la controversia tampoco puede ser resuelta directamente en la sesión del viernes, argumentando las disposiciones del artículo 227 de la Constitución, el cual determina que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser designada por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, previa convocatoria pública, evaluación de capacidad profesional y méritos mediante concurso público.
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“Podemos sesionar, podemos debatir, podemos fiscalizar y podemos tomar las decisiones que constitucional y legalmente correspondan. Lo que no podemos hacer es saltarnos el procedimiento”, afirmó Lara.
Puntualizó que su posición no busca defender a una persona en específico, sino “preservar la institucionalidad del Estado, la independencia del Ministerio Público y el Estado de Derecho”.
“Si corresponde una suplencia, se aplica la suplencia. Si corresponde una destitución, se sigue el procedimiento de destitución. Y si corresponde designar un nuevo Fiscal General, se realiza la convocatoria, el concurso, la evaluación y finalmente la elección por dos tercios”, sostuvo.
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Ante la aprehensión del fiscal general Mariaca, señalado por el Gobierno de EEUU por presuntos actos de corrupción y nexos con el narcotráfico, el presidente en ejercicio de la ALP, Diego Ávila, adelantó la sesión ordinaria del pleno desde lunes 5 de octubre hasta este viernes 2.
En un inicio, los representantes del órgano Legislativo debían abordar el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el listado de exautoridades y altos funcionarios bolivianos señalados por hechos ilícitos, entre ellos Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el exministro Iván Lima, entre otros.