La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador indicó a través de su cuenta de X que 8 pandilleros de la Mara Salvatrucha (organización de pandillas criminales) recibieron condena de varios años de cárcel por extorsionar a 24 víctimas, uno de los pandilleros (José Joel P.M.) recibió 460 años, otro (Carlos Alfredo D.M.) 360 años, mientras que los demás fueron condenados entre 60 y 20 años de prisión.
«Con abundantes evidencias, la FGR demostró que los pandilleros exigían a los comerciantes buseros (propietarios de buses de transporte publico) y taxistas entre 40 y 100 dólares mensuales para dejarlos trabajar«, indicó la Fiscalía.
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El ministerio público de ese país no detallo en qué periodo fueron cometidas estas extorsiones que afectaron a residentes en las localidades de Guatajiagua, Morazán, Ciudad Barrios, Chapeltique y Moncagua, todas ubicadas en el oriente del país.
En 2023 el Congreso salvadoreño a pedido del presidente Nayib Bukele aprobó reformas que permiten realizar procesos penales masivos a pandilleros. Se aprobó aumentar de 45 a 60 años de cárcel para las cabecillas de pandillas, así mismo castigar con entre 20 a 30 años de cárcel la pertenencia a una banda criminal.
Antes que el gobierno de Bukele declarara en marzo de 2022 una ofensiva contra las pandillas amparado en un régimen de excepción las pandillas se nutrían del cobro de la extorsión y la venta y distribución de droga. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, en entrevista con AFP, aseguró que mediante la extorsión «la industria del crimen» de las pandillas generaba anualmente entre 1500 y 2000 millones de dólares al año, sin embargo, en la actualidad las extorsiones «ni siquiera llegan al 5% de ese monto», por lo que se redujeron drásticamente y, según las autoridades, casi han desaparecido.