Cercados por al menos cinco amparos y la denuncia de filtración de preguntas, las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural decidieron iniciar el martes 23 de abril las pruebas orales a los 405 postulantes al proceso de preselección de candidatos para la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Uno de esos amparos lo presentó la inhabilitada postulante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano Mayta. Luego de admitir la acción, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó, el 15 de abril, paralizar el proceso de preselección que debía iniciar con las pruebas orales esta semana.
Ante la determinación, las comisiones declararon un cuarto intermedio hasta nuevo aviso, en tanto se resuelve el amparo en la audiencia convocada para el lunes 22 de abril, en Santa Cruz.
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Pero, además, objetó la determinación judicial de paralizar el proceso de preselección y lo definió como inconstitucional.
“Lo que corresponde, en materia constitucional, es interponer el recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo, instituto jurídico creado por el Código Procesal Constitucional que, en los artículos 139 y 140 dispone que se activa cuando se vulnera un derecho a partir de cualquier acto administrativo legislativo, emergente de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó.
Con ese respaldo, el jurista afirmó que no existe razón legal para detener el trabajo de las comisiones por lo que anunció que en los siguientes días se retomará la labor.
Sin embargo, en medio de este diferendo jurídico, por redes sociales y algunos medios de comunicación se denunció la filtración de algunas de las preguntas elaboradas para los exámenes orales de los postulantes judiciales al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia.
La batería de preguntas fue elaborada por Colegios de Abogados, por la Escuela de Jueces del Estado (EJE) y las universidades públicas y privadas. Los representantes de estas instituciones las entregaron a las comisiones el martes 16 de abril, fecha en la que debía iniciar los exámenes orales.
Desde las comisiones negaron una posible filtración de las preguntas, pues fueron encajonadas, aseguradas y depositadas en oficinas del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con presencia de notario de fe pública.
“Nosotros podemos garantizar la custodia de las preguntas desde el momento en el cual las hemos recibido”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui.
“Todo este tránsito desde el docente que realizó las preguntas hasta el decano, y de decano al rector y luego al CEUB no hay una cadena de custodia de las preguntas”, aclaró.
Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani, consideró que, “si anteriormente las universidades o instancias que corresponden han tenido que ver con esto (filtración), lamentamos, y no estamos para juegos de esta naturaleza, lo que nosotros tenemos que hacer es ser responsables con el tema de las preguntas”.
No obstante, Mamani afirmó que el 23 de abril empezarán las pruebas orales de los postulantes a las cuatro instancias: Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Los postulantes serán notificados desde este lunes para que se presenten a la hora y el día indicado.
“La Asamblea Legislativa va a garantizar esta etapa de preselección para las altas autoridades judiciales, al margen de las dificultades. Sólo tendríamos cuatro días para terminar, hasta el siguiente sábado, así remitir al pleno y discutir para poder aprobar con dos tercios (la nómina de candidatos)”, aseguró.
Descartó realizar modificaciones al calendario de preselección, ya que se necesitaría la aprobación de una ley, que tomaría más tiempo.
Según el cronograma, las comisiones tienen plazo hasta el 26 de abril para aprobar los informes sobre los candidatos preseleccionados.
Para llegar a la sesión de Asamblea, los postulantes necesitan un mínimo de 130 puntos de los 200: 100 fueron evaluados y los otros 100 son parte de las pruebas orales.
La Asamblea Legislativa tiene del 27 de abril al 4 de mayo para aprobar o rechazar los informes de las comisiones mixtas y elegir a los candidatos judiciales.