En medio de la polémica generada por las acusaciones de Estados Unidos (EEUU) contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el caso podría derivar en una investigación y, eventualmente, un proceso de extradición.
“Sí, esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto”, afirmó la autoridad, de acuerdo a un boletín de la cartera de Estado.
La tarde del lunes, el Gobierno de EEUU revocó los visados de altos funcionarios latinoamericanos a quienes acusa de «corruptos» y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente». Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado, entre ellos figuran autoridades y exfuncionarios, incluido el fiscal general Mariaca.
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Según el comunicado del Departamento de Estado de EEUU, la autoridad del Ministerio Público “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
Horas después, desde la ciudad de Sucre, Mariaca rechazó las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico y exigió «respeto» a la «soberanía» de su país, tras considerar que se busca «condicionar» o «interferir» con el trabajo del Ministerio Público.
Poco después, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solicitó al fiscal general que se “aparte” de sus funciones mientras se investigan estos señalamientos. En tanto, el Gobierno anunció que solicitará información al Departamento de Estado de EEUU sobre los señalamientos contra ciudadanos bolivianos para iniciar una investigación.
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Justiniano explicó que la administración del presidente Rodrigo Paz realizará las gestiones, mediante la Cancillería, para conseguir información oficial que permita complementar los datos difundidos públicamente y establecer qué elementos sustentan los señalamientos.
Una vez recibida los detalles de las acusaciones, el órgano Ejecutivo realizará un análisis y evaluará las acciones que correspondan dentro de la legislación nacional. “No va a haber ninguna protección política para nadie, no va a haber tampoco una condena anticipada”, afirmó.