En medio de la polémica por las acusaciones de Estados Unidos (EEUU) contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, los presidentes de las cámaras del órgano Legislativo, Roberto Castro y Diego Ávila, consideran necesario que la autoridad se aparte del cargo mientras avanzan las investigaciones por presunto favorecimiento al narcotráfico.
En conferencia de prensa, el presidente del Senado anunció también que solicitará la convocatoria a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para conformar una comisión especial que será la encargada de investigar las denuncias del Gobierno de EEUU contra jueces y fiscales del país, además se gestionará la entrega de documentación relacionada a la máxima autoridad del Ministerio Público.
“Consideramos que es necesario que, mientras se esclarezca los hechos denunciados, el fiscal general se aparte del ejercicio de sus funciones conforme a lo establecido en los mecanismos previsto por ley”, declaró Ávila, quien sostuvo que la dimisión de Mariaca garantizará una investigación independiente, sin privilegios ni interferencias.
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La autoridad legislativa cuestionó la decisión deSenadores
la administración de EEUU de revocar la visa al fiscal general, al señalar que una “ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, aunque no dudó en solicitar el alejamiento de la autoridad del cargo.
En esa línea, el presidente de la Cámara de Diputados también solicitó a Mariaca abandonar el cargo y describió el perjuicio que representa para el país el hecho de que una autoridad se sindicada de cargos tan delicados.
“Una vez que la Cancillería tenga la información oficial solicitada, corresponde que sea puesta en conocimiento de las instancias competentes y que se determinen con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que procedan”, señaló Castro.
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Anunció que presentaron, en conjunto, una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, mediante los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el Departamento de Estado de EEUU “toda la información disponible”.
Mariaca, quien fue elegido como fiscal general del Estado en octubre de 2024, es señalado por Washintong por presuntamente recibir coimas para favorecer al narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia. Junto al fiscal general, otros 21 ciudadanos bolivianos, entre ellos jueves y fiscales, fueron vetados para ingresar a los EEUU.