Desde la ciudad de Sucre, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó este lunes las acusaciones emitidas desde Estados Unidos (EEUU) por presuntamente favorecer actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que personas involucradas en hechos violentos evadan la justicia.
Mariaca cuestionó cualquier intento de condiciones el trabajo del Ministerio Público desde el exterior y afirmó que las investigaciones iniciadas continuarán pese a las críticas, entre ellas mencionó los procesos relacionados con el consultor político, Fernando Cerimedo.
“Podemos tener diferencias, podemos ser críticos, podemos expresar desacuerdos. Eso forma de las relaciones entre estados democráticos, pero una cosa es expresa una posición y otra muy distinta es pretender condicionar, interferir o afectar el trabajo de una institución soberana”, afirmó.
Durante su pronunciamiento, el fiscal general recordó que asumió el máximo cargo del Ministerio Público conforme a la legislación boliviana y rechazó que decisiones o pronunciamientos de otros países pongan en duda su gestión. “Cooperación si, injerencia no”, sostuvo.
Afirmó que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros estados, pero solicitó que esa misma consideración se aplique a las instituciones bolivianas. En ese sentido, defendió la la independencia del Ministerio Público y aseguró que ninguna presión política, nacional o internacional, impedirá avanzar con las investigaciones.
Respecto a las causas judiciales contra el exasesor presidencial, Mariaca sostuvo que el proceso debe continuar y remarcó que investigar no implica anticipar una condena, sino establecer la verdad sobre los hechos denunciados.
“El denominado caso Cerimedo, por ejemplo, ha generado preocupación y repercusiones en diferentes ámbitos políticos, pero ninguna presión política, tanto nacional o internacional, puede convertirse en impedimento para esclarecer hechos que deben ser investigados”, sostuvo.
El Gobierno de EEUU denunció que el fiscal Mariaca habría solicitado y aceptado “sobornos” para facilitar las operaciones del narcotráfico en Bolivia, prácticas que afectan los esfuerzos impulsados por el presidente Donald Trump contra el narcoterrorismo y debilitan instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer mediante su participación en el programa “Escudo de las Americas”.
En respuesta, Marica señaló que respeta la determinación adoptada por el país norteamericano de vetar su ingreso y el de su familia, pero consideró que existe un límite cuando estas posiciones pueden afectar el funcionamiento de instituciones nacionales.
El fiscal general ratificó la disposición fundamental del Ministerio Público de investigar presuntas irregularidades y esclarecer hechos ilícitos. “Pedimos a todos quienes se sientan afectados por estas investigaciones que permitan que las instituciones hagan su trabajo, dejemos que las investigaciones concluyan, que las pruebas hablen y que la justicia determine qué ocurrió realmente”, manifestó en relación a los procesos contra el consultor político.
Agregó que la población boliviana tiene derecho a conocer la verdad sobre las denuncias presentadas contra el órgano Ejecutivo, incluidas las relacionadas a los combustibles. “Este fiscal general no está para agradar a personas, grupos económicos ni dirigentes económicos, está para cumplir la Constitución”, dijo.
Finalmente, el fiscal recordó los antecedentes de 1996, cuando EEUU canceló la visa del entonces presidente Jaime Paz Zamora, padre del actual mandatario Rodrigo Paz, en medio de acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, y de 2008, cuando el entonces gobernante Evo Morales expulsó a la delegación norteamericana por presunta injerencia contra su administración.
Dijo que mencionar estos episodios buscan resaltar la importancia de la soberanía y del respeto entre estados, sin pretender profundizar la confrontación bilateral.