El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe Machaca, dejó este sábado las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para cumplir detención domiciliaria, dentro del proceso que enfrenta por su presunta participación en los bloqueos registrados entre mayo y junio de la presente gestión.
El dirigente recuperó su libertad después de que su defensa legal acreditó los requisitos impuestos por el juez cautelar, entre ellos la presentación de garantes solventes.
Rolando Gutiérrez, abogado de Quispe, informó que en la audiencia lograron desvirtuar los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público y demostraron que el dirigente campesino cuenta con arraigo familiar y un domicilio permanente.
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“El señor Quispe tiene una familia y un domicilio establecidos en territorio nacional”, señaló.
También expresó su rechazo a la resolución que impide al dirigente desarrollar actividades laborales durante su arresto domiciliario. “No se ha considerado la jurisprudencia constitucional vinculante, por lo que ese aspecto ha sido prudentemente apelado”, agregó.
Al salir de dependencias policiales, el acusado fue recibido por familiares, simpatizantes y representantes afines, quienes le dieron la bienvenida con una corona de flores. Quispe destacó la decisión judicial, que le permitirá afrontar el proceso en libertad mientras continúan las investigaciones en su contra.
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En un breve contacto con los medios de prensa, reiteró su inocencia y aseguró que durante el conflicto social ejerció su cargo como dirigentes de la organización campesina para promover el diálogo con el Gobierno y abogar por una salida pacífica.
“He sido una autoridad que ha buscado la pacificación del país, soy inocente. Muchas autoridades, ejecutivos departamentales y regionales tiene conocimiento que, en momentos de conflicto, hemos pacificado el país”, dijo.
El máximo dirigente de una de las confederaciones de campesinos fue aprehendido el 17 de julio por su presunta participación en la organización de los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días.
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En cuanto a la crisis de mayo y junio, Quispe reconoció que hubo intromisión política; sin embargo, aseguró que nunca formó parte de ninguna estructura política.
La Fiscalía amplío las investigaciones en su contra por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y contra la seguridad de los servicios públicos. La defensa de Quispe sostuvo que los hechos atribuidos no encuadran con los tipos penales establecidos en la imputación formal.