El Comité Pro Santa Cruz se sumó al control de los despachos de combustibles en el departamento tras la intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dispuesta por el Decreto Supremo Nº 5697. Este lunes, dirigentes cívicos de la capital y de las provincias visitaron la nueva sala de monitoreo habilitada en menos de 24 horas para fiscalizar la distribución a las 180 estaciones de servicio.
“Hoy valoramos que se haya hecho una intervención, porque obliga a que estemos encima y empecemos a ver realmente por dónde están las filtraciones de robo”, dijo el vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana.
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El asesor de Presidencia de YPFB, Sergio Hinojosa, explicó que el primer diagnóstico detectó unas 630 cuentas de acceso al sistema sin persona asociada o que no debían estar activas. De esas, 60 fueron cortadas de inmediato.
Entre las anomalías hallaron un desfase entre el combustible registrado como disponible y el que realmente se podía despachar. Eso generaba cupos “rezagados” con prioridad frente a las estaciones que atendían filas.
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“Todo eso ya ha sido paralizado y se está dando prioridad a un operativo para eliminar las filas”, indicó Hinojosa. También agregó que algunas cuentas podían modificar registros anteriores y que ya se iniciaron auditorías informáticas.