El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió al Estado la atención y reparación integral de las víctimas y afectados por las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha, que dejaron un saldo de 84 personas heridas, 7 fallecidas y varias desaparecidas. La autoridad demandó además que se realice una investigación que determine las responsabilidades individuales y esclarezca las causas del hecho, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
Callisaya informó que la Defensoría se encuentra en el lugar desde el viernes en la noche monitoreando tres ejes: que los heridos reciban atención médica oportuna, que se dé información inmediata a los familiares de las personas desaparecidas y que se acompañe el proceso penal iniciado por el Ministerio Público. Precisó que existen siete nombres de personas que se presume fallecidas y que aún resta confirmar la situación de otros desaparecidos, mientras se hace seguimiento al estado de salud de los internados en hospitales de El Alto y La Paz.
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Como parte de las acciones defensoriales, la institución anunció que solicitará informes al comandante del Ejército sobre los protocolos de seguridad vigentes para la manipulación de artefactos explosivos como los que provocaron la tragedia. “Se están avanzando los requerimientos de informe para que pueda informar a la población cuáles son los protocolos de seguridad que tienen”, explicó Callisaya, al señalar que desde la perspectiva de derechos humanos se monitorea también la investigación penal.
El Defensor detalló cuatro líneas de reparación que debe asumir el Estado: primero, que las personas accidentadas tengan atención médica completa hasta su total restablecimiento; segundo, que las familias de los fallecidos reciban la reparación conforme a normativa; tercero, que se repare el daño material de las viviendas afectadas por estar en cercanías a la explosión; y cuarto, que se impulse una investigación rápida, célere y con debida diligencia para que la población conozca las circunstancias del hecho.
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Finalmente, Callisaya diferenció dos niveles de responsabilidad: la individual, de quienes hubiesen intervenido directamente en los hechos y que debe ser investigada por el Ministerio Público, y la del Estado, que tenía bajo su custodia a militares y soldados. “El Estado debe salir a la reparación de todos los daños que se han provocado como emergencia de estas explosiones”, enfatizó, al reiterar que la institución continuará con el monitoreo defensorial en Viacha.

