El diputado de la alianza Libre, Edgar Zegarra, anunció la presentación de una denuncia penal contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Mario Argollo, el ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz Vicente Salazar, el senador Nilton Condori y dirigentes del Trópico de Cochabamba. El legislador señaló que los acusa por su participación en los bloqueos registrados en el país y que sustentará la acción legal con más de 70 pruebas recopiladas.
Zegarra informó que la querella se presentará ante la Fiscalía y busca resarcimiento para las personas fallecidas, comerciantes, empresarios, transportistas y ciudadanos de a pie afectados durante más de 50 días de movilizaciones. El diputado afirmó que los bloqueos dejaron a los habitantes del Alto de La Paz y de otras regiones en situación de confinamiento, con pérdidas económicas y humanas. La denuncia incluirá nueve delitos atribuidos a autoridades sindicales de la COB, FEJUVE, CSUTCB y miembros de la Túpac Katari.
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El diputado también señaló que el expresidente Evo Morales fue incluido en la lista de denunciados, al atribuirle declaraciones en las que daba 90 días al proceso democrático.
El asesor legal William Sánchez detalló que entre los delitos incorporados está el atentado contra la salud pública, debido a la escasez de productos medicinales registrada durante los bloqueos. También se incluirán cargos por atentado contra la seguridad de los transportes y afectación a la cadena productiva, el turismo y el abastecimiento de insumos médicos. Sánchez explicó que las penas pueden alcanzar hasta 20 años en el caso de terrorismo y hasta 10 años por daños al sector salud y transporte.
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Según el equipo legal, existen indicios de coordinación entre dirigentes que transformaron la protesta en hechos delictivos. Las pruebas presentadas incluyen publicaciones en medios de prensa, instigaciones y resoluciones de comités ejecutivos que ordenaban mantener los bloqueos pese a reportes de fallecidos en carreteras. El Ministerio Público deberá investigar el rol de instigadores, cooperadores y el objetivo de cada dirigente para calificar los delitos de forma individual.