Tras la balacera registrada en el interior del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz, el pasado 19 de junio, la Dirección General de Régimen Penitenciario destituyó al gobernador del recinto penitenciario y dispuso la rotación periódica del personal de seguridad.
El director de la institución, Daniel Mérida, informó que la responsable de la cárcel fue reemplazada por una autoridad interina hasta la designación de un nuevo gobernador.
“Ha sido cambiado (el gobernador), ahora se encuentra el mayor Espinoza temporalmente, hasta que la Dirección Nacional nombre al director titular, pero está ahorita bajo el mando del mayor Espinoza”, declaró.
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La determinación fue adoptada después de la difusión de imágenes de las cámaras de seguridad que muestran al interno brasileño, identificado como Lucas Reséndiz, circulando con un arma de fuego por uno de los pabellones del penal de máxima seguridad y disparando contra otros privados de libertad.
De acuerdo al reporte oficial, el recluso ingresó a una de las celdas de la estructura, donde asesinó a otro privado de libertad e hirió a un tercero que se encontraba en una celda contigua. Ante esa situación, los custodios hicieron uso de sus armas reglamentarias para neutralizarlo antes de que pudiera activar el explosivo.
Mérida precisó que el interno era considerado de alta peligrosidad y, además del arma de fuego, portaba una granada de guerra.
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Las autoridades investigan cómo el privado de libertad logró ingresar un arma de fuego y una granada a un penal de máxima seguridad. En las pesquisas participan la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), Bomberos y otras unidades especializadas.
El director general de Régimen Penitenciario indicó que los peritajes permitirán establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades por la vulneración de los controles de seguridad.
Como parte de las medidas adoptadas tras el ataque, la institución anunció la rotación periódica del personal asignado a Chonchocoro con el objetivo de reforzar los controles internos y reducir los riesgos de corrupción o infiltración dentro del centro penitenciario.
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En paralelo, continúan las investigaciones contra tres policías que estaban de servicio el día de la balacera. Los efectivos fueron aprehendidos y posteriormente obtuvieron medidas sustitutivas, mientras el Ministerio Público indaga su presunta participación en el ingreso del arma y la granada utilizadas por el interno brasileño.

