El Gobierno y las gobernaciones alcanzaron el primer acuerdo dentro del proceso de implementación del modelo 50-50. Las regiones dejarán de financiar el bono de vacunación para trabajadores de salud y los prediarios destinados a personas privadas de libertad.
El pacto redefine el uso de los recursos públicos en áreas críticas de asistencia social y salud. Busca aligerar la carga financiera de las regiones y redistribuir las responsabilidades económicas del sector salud y penitenciario.
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En ese marco, las gobernaciones ya no solventarán más el pago del bono de vacunación o viáticos de vacunación a trabajadores de salud pública. Ese bono se paga desde 2012 y llegó a Bs 4.329 con el Decreto Supremo 4745 de 2022. Tampoco se harán cargo de los prediarios de Bs 8 por día para la alimentación básica de personas privadas de libertad. Según la Defensoría del Pueblo, a julio de 2025 había 33.058 privados de libertad.
“Es un primer resultado del diálogo instalado el martes en Sucre. Asistieron equipos técnicos de las siete gobernaciones, del Viceministerio de Autonomía y el ministerio de Economía”, señala una nota institucional.
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El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, recordó que durante gestiones del MAS se “obligó” a las gobernaciones a asumir gastos que no están en sus competencias. “Es un acto violatorio de la autonomía”, dijo. Anunció que se suspenderán esas obligaciones a través de una ley que aprobará la ALP. Hace una semana ya se aprobó el proyecto.
El proyecto también establece que el costo del título de bachiller gratuito lo asumirá el Ministerio de Educación. En 2023, 210.726 estudiantes de regular, alternativa y especial recibieron su título.
La norma está ahora en la Cámara de Diputados. Una vez sancionada pasará al Ejecutivo para su promulgación. Espinoza agregó que otros gastos serán consensuados para levantarlos paulatinamente.