El expresidente del Estado, Carlos Mesa, afirmó que los prolongados bloqueos seguido de un Estado de excepción, decretado por el presidente Rodrigo Paz, dejaron a La Paz y El Alto en una situación de fuerte deterioro social y económico, al considerar que ambas ciudades quedaron “más heridas, más divididas, más pobres y más débiles”.
Mediante una extensa publicación, Mesa calificó los 50 días de cortes de rutas como un “sitio criminal sin precedentes” en el país y aseguró que la historia “les cobrará cuentas” a los responsables de un cerco que –según dijo– dejó severamente dañada a la sede de Gobierno.
“La Paz y El Alto pagan una vez más su propio desatino, el de las brutales minorías eficientes enceguecidas por las consignas, el envilecimiento y la sustitución de las reivindicaciones legítimas por una montaña de ceniza (…) Estamos más heridos, más divididos, más desorientados, más pobres, más débiles, en suma.”, sostuvo.
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La exautoridad responsabilizó a los organizadores de las protestas por las muertes registradas durante el conflicto. Añadió que más de 20 personas perdieron la vida por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, aunque reportes oficiales e internacionales sitúan la cifra de víctimas entre 14 y 17, además de heridos y detenidos.
Mesa cuestionó también la organización de las movilizaciones, señalando que la participación de diversos sectores, entre afines y ajenos, no habría sido voluntaria. “Bloquear no fue una decisión individual y voluntaria, fue una obligación”, afirmó al referirse a la existencia de mecanismos internos de presión para sostener las medidas.
Detalló que “el mecanismo fue tan eficiente como autoritario. El sindicato, la junta de vecinos, la central, la unidad educativa, o cualquiera de las estructuras organizadas de la intricada red que controla el funcionamiento de la mayor parte de la sociedad, puso en funcionamiento una palanca que ordenó, a través de instructivos perfectamente sincronizados, la acción y el sostenimiento de los bloqueos”.
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Además, mencionó las posibles consecuencias de rechazar los instructivos de las diferentes organizaciones que se movilizaron y un supuesto financiamiento desde el Chapare para mantener activos los puntos de conflicto.
“Esté de acuerdo o no, tenga o no la convicción de las razones que se esgrimen para hacerlo, sabe que su adscripción a su sindicato, incluye como mandato bloquear, cuando a sus ejecutivos les parece conveniente. Si no bloquea se atendrá a las consecuencias, que pueden costarle ser un paria sin horizonte. Si a ese cuadro sumamos la inyección que llegó en dinero espurio para mantener vigente este perverso artificio, el cuadro es desolador”, afirmó.
Tres grandes organizaciones encabezaron las protestas: la Federación de Campesinos “Tupac Katari” de La Paz, que inició los bloqueos de caminos el 6 de mayo para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz; la Central Obrera Boliviana (COB), que primero exigía aumento salarial pero luego se sumó a los pedidos de dimisión del primer mandatario; y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales, que continúan en pie de lucha para derrocar a Paz e impedir la captura de su líder acusado de trata agravada de menores.
50 días después y con el estado de excepción en marcha, consideraciones sobre este descalabro, que creo imprescindibles.https://t.co/GiANG0kiA3
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) June 21, 2026
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Respecto a los resultados de las protestas sociales, el exjefe de Estado sostuvo que el objetivo principal no fue cumplido y que el acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia del ente obrero no justificaba –a su juicio– la magnitud de las medidas de presión.
“Cincuenta días después, el tiempo mayor de sitio al conurbano La Paz-El Alto desde el cerco de Katari, el despropósito es inocultable. Punto muerto. El presidente no ha renunciado. El acuerdo COB-gobierno, ciertamente no ameritaba ni un día de medidas extremas”, expresó.
Luego de la firma del acuerdo y el instructivo de la COB de levantar las medidas de presión, el Gobierno de Paz declaró el Estado de excepción el 20 de junio, tras siete semanas de bloqueos que aislaron regiones del país y afectaron el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos, con pérdidas económicas estimadas en más de 2.000 millones de dólares.
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La medida permitió reforzar los operativos de la Policía con la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) para restablecer el tránsito en las carreteras. En ese periodo, se reportaron largas filas por combustible, alzas en los precios de alimentos y el cierre o paralización de pequeñas y microempresas.
En una evaluación sobre los efectos de las medidas de presión, Mesa describió un escenario marcado por el impacto económico, la interrupción de actividades productivas y las dificultades en el abastecimiento han reforzado esta percepción de desgaste colectivo, que no se limita únicamente a lo material, sino también al ánimo social.
En este escenario, distintos ciudadanos expresan preocupación por la falta de cambios concretos tras cada ciclo de conflictividad, lo que contribuye a una visión cada vez más pesimista sobre el desarrollo de ambos municipios, particularmente en la sede de Gobierno.
“Nuestros espíritus están cansados, agotados, presos de una honda depresión. La ciudad, aquella que según muchos compatriotas se ha beneficiado a costa del resto de la nación de las ventajas de ser sede de gobierno, que ha jugado un rol tan importante en la construcción de la nacionalidad, es hoy una geografía languideciente. Centenares de miles de paceños han llegado al convencimiento de que hay que irse para siempre para garantizar el futuro propio y, sobre todo, el de sus hijos y nietos”, afirmó en su columna.
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Por último, Mesa responsabilizó al expresidente Evo Morales y a los impulsores de las movilizaciones que se extendieron por 50 días por el daño generalizado y afirmó que los perjuicios ya son irreversibles.
“La historia les cobrará cuentas, pero el daño irreparable hoy, está hecho”, concluyó.
El conflicto social provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y causó al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas por 3.000 millones de dólares.