El presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que su administración cumplirá su mandato constitucional de cinco años, descartando una eventual renuncia anticipada –como exigen los sectores movilizados– y advirtió que los días del “narcoterrorismo”, al cual señaló como una amenaza contra la democracia y la estabilidad del país, “están contados”.
“Somos un Gobierno que gobernaremos hasta 2030”, afirmó el primer mandatario durante su intervención tras la promulgación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.
Paz aseguró que los bloqueos y las manifestaciones que ingresan en su sexta semana consecutiva dejaron al descubierto la presencia de grupos violentos infiltrados en movilizaciones que impulsan demandas sociales legitimas. Ante ello, sostuvo vinculó la violencia y el vandalismo registrados con sectores que –según dijo– operan con recursos económicos, armas de fuego e intereses ajenos a las reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, gremiales, transportistas y movimiento originarios.
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“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, señaló.
El fin de semana, un operativo de la Policía, con apoyo de efectivos militares, intentó rehabilitar la carretera que conecta Santa Cruz con el Beni, sin embargo, los movilizados resistieron el avance de las fuerzas de seguridad con petardos y piedras en el municipio de San Julián. En medio de los enfrentamientos, al menos seis policías resultaron heridos, dos de ellos por armas de fuego.
Imágenes y videos difundidos en redes sociales develaron la presencia de autoridades municipales y figuras relacionadas con el expresidente Evo Morales en los bloqueos, además de manifestantes armados durante los choques con los uniformados.
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Paz indicó que no puede haber bolivianos de primera y de segunda o que se encuentren por encima de la normativa vigente, ni tampoco puede permitirse que existan grupos que, “porque tengan recursos del narcoterrorismo”, puedan cambiar o bloquear decisiones de organizaciones sociales del país.
Los bloqueos y protestas en el país persisten desde hace 39 días. La Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio y otros sectores se movilizaron con demandas sectoriales, pero ahora esos reclamos quedaron en segundo plano y ahora los movilizados, entre ellos campesinos y grupos afines a Morales, exigen el alejamiento del primer mandatario.
En ese sentido, la autoridad cuestionó el aumento de la presencia de residentes del Chapare, en Cochabamba, en regiones del occidente del país, principalmente en La Paz y El Alto. “Yo me hago una pregunta: ¿por qué tanto chapareño en ciudades de La Paz, El Alto o el altiplano? ¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?”, expresó.
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Aclaró que su pregunta no va dirigida a los sectores “limpios” del Chapare, sino a quienes –según denunció– están vinculados al “narcoterrorismo”. En ese marco, afirmó que las organizaciones sociales no deben permitir una contaminación con fines políticos ni acercamientos de estructuras relacionadas con actividades criminales.
Al referirse a la promulgación de la nueva norma, Paz Pereira aseguró que el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos frente a grupos armados. “Si alguien entra a tu casa, si alguien viola a tu hija, si alguien te roba, tú le pides al Estado que te proteja, y el Estado tiene que actuar para proteger a los bolivianos y bolivianas”, afirmó.
Ante ello, solicitó a la Policía y las Fuerzas Armadas actuar con firmeza, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, siempre bajo el marco de la Constitución y la nueva ley que regula la aplicación del Estado de excepción en el país.
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“Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos”, sostuvo.
No obstante, el primer mandatario aseguró que el Gobierno aún mantiene abierta la puerta del diálogo con las organizaciones sociales, pero advirtió que no tolerará la incursión de grupos violentos o infiltrados.
Por último, Paz rechazó las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto proceso de privatización, aumento de facturas o nuevos tributos al campo. “Aquí no hay privatizar, aquí no hay 5% a los productos del campo, aquí no hay subir facturas”, remarcó.