Tras la aprehensión del gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Cuéllar, por el denominado caso de gasolina “desestabilizada”, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que los responsables por la distribución de carburante de baja calidad deben responder ante la justicia.
Al salir de un encuentro con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la autoridad calificó el hecho como un “perjuicio grave” a la población. “Tiene que encontrarse a todos los culpables y tienen que responder ante la Justicia con todo el peso de la ley”, afirmó.
La aprehensión de Cuéllar Pinto, gerente de Producción de Derivados e Industrializados de YPFB, se ejecutó el miércoles luego de que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y del Ministerio Público ingresaron a oficinas de la compañía estatal en la ciudad de Santa Cruz.
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De acuerdo al mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía de La Paz, el gerente de la petrolera estatal enfrentar cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Cuéllar pasó la noche en dependencias policiales y la mañana de este jueves, feriado por Corpus Christi, recibió la visita de su familia, quienes no quisieron emitir ninguna declaración al salir.
Asimismo, se conoce que un fiscal de La Paz llegó a la capital cruceña para tomar la declaración informativa a Cuellar, quien será imputado y cautelado en las próximas horas.
La crisis por la distribución de combustible contaminado provocó fallas en motores y bajo rendimiento en los vehículos. En una conferencia de prensa anterior, YPFB admitió que se identificaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, heredados de la anterior gestión, lo que habría generado daños en los motores.
El presidente Rodrigo Paz atribuyó el problema a un supuesto plan de “sabotaje” dentro de la estatal petrolera y afirmó que tiene identificados a los responsables. Ante los reclamos y protestas de choferes del transporte público, el Gobierno activó un proceso de indemnización para cubrir los perjuicios ocasionados, aunque diferentes organizaciones del rubro denunciaron demoras en la entrega del resarcimiento.