La Unión Europea (UE) emitió un pronunciamiento sobre la reciente crisis social en Bolivia, en el que condenó los actos de violencia y solicitó priorizar la vía del diálogo para buscar una solución al conflicto.
En el comunicado emitido este martes, el organismo expresó su preocupación por la situación actual que atraviesa el país apenas siete meses después del desarrollo de las elecciones presidenciales.
“La UE y sus Estados miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, dice parte del pronunciamiento suscrito también por las embajadas de los Estados miembros presentes en Bolivia: Alemania, España, Francia, Italia y Suecia.
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La UE recordó que las manifestaciones y protestas sociales deben realizarse de manera pacífica y en el marco del respeto al Estado de derecho y los derechos humanos.
Desde hace tres semanas, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta una serie de movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y simpatizantes del expresidente Evo Morales que, en un inicio, reclamaban medidas para enfrentar la crisis económica y demandas sectoriales, sin embargo, los sectores radicalizaron su postura y ahora exigen la renuncia del primer mandatario.
Las protestas sociales mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto con puntos de bloqueos instalados en diferentes puntos, lo que dificultó el abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos.
El lunes, policías antidisturbios se enfrentaron con cinco columnas de manifestantes que llegaron a la sede de Gobierno para exigir el alejamiento del jefe de Estado. Con explosivos, petardos y otros objetos, los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a plaza Murillo.
La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los movilizados, que se dividieron en grupos que desencadenaron una ola de violencia contra transeúntes e instalaciones públicas y privadas.
El Gobierno descartó la aplicación de un régimen excepcional para restablecer el orden público e insiste en llamar al diálogo. Sin embargo, los sectores se resisten a negociar con el Ejecutivo y aseguran que las protestas serán suspendidas tras la dimisión de Paz.