La Fiscalía de La Paz instruyó la aprehensión de Rolando Jorge O. A., exgerente de Entidades Financieras del Banco Central de Bolivia (BCB) durante el Gobierno de Luis Arce, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La disposición se produce dentro de la investigación por la compra de bonos soberanos con presunto sobreprecio.
El mandamiento de captura, emitido el 5 de mayo y firmando por el fiscal Miguel Cardozo, dispone que el acusado sea presentado ante un juez cautelar en La Paz, en el marco de un proceso iniciado por la actual administración del ente emisor.
Entre los involucrados en el proceso también figuran el expresidente del BCB, Edwin Rojas, y exejecutivos y exfuncionarios de la entidad. Hasta el momento, la Justicia benefició a la exautoridad y a otros tres imputados con detención domiciliaria.
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Todos los implicados enfrentan cargos por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la compra de bonos soberanos a precios superiores a los del mercado. Estas operaciones habrían generado un daño económico estimado en 142 millones de dólares, según el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.
Según la investigación, una auditoría interna del BCB detectó operaciones irregulares en la compra y venta de bonos soberanos. El foco de la investigación está en un reglamento aprobado por el Directorio del BCB en 2024, que habría permitido transacciones fuera de los márgenes legales.
Se identificaron al menos siete operaciones críticas con indicios de irregularidad, dijo Torrez.
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Las pesquisas verificaron que, tras la creación del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, el ente emisor adquirió bonos con vencimientos entre 2028 y 2030 a entidades financieras y aseguradoras, intercambiándolos por instrumentos en moneda nacional y UFV. Aunque inicialmente estas operaciones se registraban por debajo del valor de mercado, luego se modificaban mediante correos electrónicos, elevando su costo hasta casi el valor nominal total.
Los bonos soberanos son títulos emitidos a nombre del Estado en mercado internacional para financiar el gasto público y proyectos; funcionan como préstamos que deben ser devueltos con intereses a los inversionistas.
En 2024, los bonos soberanos bolivianos se depreciaron en el mercado internacional debido a dudas sobre la capacidad de pago del país, lo que permitió recomprarlos a menor precio.
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Sin embargo, según la Fiscalía, en lugar de reflejar ese ahorro, las operaciones se registraban como si se hubieran pagado al 100%, generando un impacto negativo en los activos del ente emisor, lo que –según las investigaciones– derivaron en un perjuicio económico acumulado para las arcas del Estado.