El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, procedió la mañana de este viernes con la intervención de las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, en el marco de las investigaciones por la compra de crudo de petróleo con presunto sobreprecio.
“El caso que se está investigado es la compra con supuesto sobreprecio de barriles de crudo, con comparación (a las realizadas) en el anterior Gobierno. Estamos recolectando indicios para corroborar los ilícitos denunciados”, informó el fiscal anticorrupción Aldo Mesa.
Precisó que esta medida judicial se ejecuta en el marco de las pesquisas en ambas ciudades por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
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Mesa confirmó que la investigación, actualmente en etapa preliminar, avanza contra “presuntos autores”, aunque evitó mencionar el nombre de las personas acusadas en la causa.
“Después se hará la identificación de los presuntos autores, cómplices y encubridores”, indicó.
La anterior semana, la diputada de Libre, Lissa Claros, confirmó que el Ministerio Público admitió denuncias penales contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y el expresidente de YPFB, Yussef Akly. En ese marco, anunció que solicitará la activación de alertas migratorias contra ambos, con el objetivo de garantizar su permanencia en el país mientras avanzan las investigaciones.
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Según la parlamentaria, las denuncias están relacionadas con supuestos contratos lesivos a los intereses del Estado, la importación de gasolina en mal estado y con presuntas fallas administrativas que —según afirmó— generó perjuicios económicos y sociales.
Claros aseguró que, en su calidad de denunciante, realizará un seguimiento exhaustivo a los procesos judiciales. Además, no descartó impulsar nuevas acciones si se identifican más elementos durante la investigación.
El pasado 31 de marzo, el entonces ministro Medinaceli anunció la suspensión de los contratos con la empresa proveedora Trafigura, tras las investigaciones por el combustible importado desestabilizado que se comercializó en el país, en medio de reclamos y denuncias de daños en sus vehículos.
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Sin embargo, en respuesta a ello, la transnacional Trafigura aseguró que los contratos con YPFB no harían referencia al suministro de gasolina y que permanecerían vigentes con el Gobierno boliviano.