Asociaciones de pacientes con cáncer de mama en Bolivia manifestaron su preocupación por el ingreso al sistema de salud público de medicamentos oncológicos que, según señalan, cuentan con información internacional limitada. Indicaron que, aunque algunos productos ya tienen registro sanitario otorgado por la autoridad regulatoria boliviana, no han sido aprobados por agencias de alta vigilancia y su experiencia de uso fuera de los países de origen, Irán e India, es reducida. Por ello pidieron fortalecer los criterios de evaluación científica y regulatoria antes de su incorporación al sistema público.
Giovana Hoyos Ayarde, portavoz de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares, denunció que tras revisar el SICOE identificaron licitaciones públicas de medicamentos oncológicos adjudicadas a empresas sin trayectoria en el país. Señaló el caso de una empresa iraní a la que se le habría otorgado permiso de comercialización pese a tener solo 4 años de comercialización, cuando se exige un mínimo de 5. Recordó que en 2023 ya ingresaron fármacos de origen indio que, afirmó, afectaron la salud de pacientes al generar progresión tumoral y reincidencia de la enfermedad, lo que incrementó la mortalidad.
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La representante cuestionó además la autorización de medicamentos como el Pertuzumab de origen iraní, que según la asociación solo se habría utilizado en su país de origen y en otro más, y que con Bolivia sería la primera vez que ingresa a Sudamérica. «Creemos que es un atentado a la vida, que tampoco somos objetos para que nos experimenten con nuestro cuerpo«, sostuvo. Las asociaciones exigen que el Ministerio de Salud y la AGEMED convoquen a una reunión con representantes de todos los departamentos para aclarar por qué se otorgaron estos permisos de comercialización.
Para las mujeres que enfrentan un diagnóstico de cáncer de mama y sus familias, el acceso a tratamientos adecuados representa mayores posibilidades de vida. Las organizaciones remarcaron que el ingreso de fármacos no validados biotecnológicamente es crítico, sobre todo considerando que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres en Bolivia. Según datos oficiales, cada año se registran entre 1.500 y 1.700 casos nuevos y alrededor de 400 mujeres fallecen por esta enfermedad, por lo que cada decisión terapéutica debe priorizar la seguridad y eficacia.
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Ante este panorama, las asociaciones demandaron que las políticas de compras institucionales prioricen el valor terapéutico por encima de otros factores y que se refuercen los procesos de evaluación clínica y regulatoria. Sostuvieron que la confianza de las pacientes se construye con evidencia científica sólida y criterios técnicos transparentes. Concluyeron que es urgente garantizar que todos los medicamentos que ingresen al sistema público ofrezcan las máximas garantías de calidad, seguridad y eficacia para evitar retrocesos en la salud de una población vulnerable.