Autoridades del Órgano Ejecutivo, Judicial y Legislativo acordaron en reunión permanente enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para modificar una norma vigente desde 1923. El objetivo es permitir una inyección de recursos al sistema de justicia, que atraviesa una emergencia presupuestaria. El acuerdo se alcanzó tras varias mesas técnicas de trabajo entre los tres poderes del Estado.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, señaló que la ley de 1923 impedía disponer de fondos para aliviar la crisis en el Órgano Judicial. “Una ley ya obsoleta nos impedía disponer de estos recursos para alivianar la crisis en el sistema de justicia”, afirmó. Saucedo explicó que ya se ajustaron los detalles y artículos de la propuesta y que el documento será remitido al Legislativo para su tratamiento inmediato, con el compromiso de que pueda ser promulgada el próximo 6 de agosto.
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El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, destacó que este es el primer resultado del trabajo interórganos. Aseguró que la coordinación busca “mejores días para la administración de justicia” en cumplimiento de la Constitución. Resaltó la participación de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Legislativo y sostuvo que históricamente el sistema de justicia ha sido olvidado por los gobiernos de turno.
La senadora Kathia Quiroga, en representación del Órgano Legislativo, manifestó el compromiso de impulsar los cambios normativos que requiere el país. Indicó que la propuesta fue consensuada con diputados y senadores, y que se prevé su tratamiento en los próximos días para cumplir con la promulgación el 6 de agosto. Agregó que todas las instituciones necesitan recursos económicos y que es urgente avanzar en digitalización, tecnología y renovación de equipos.
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Con la modificación, los tres órganos buscan dar alivio inmediato a la emergencia presupuestaria que enfrenta la justicia. Las autoridades coincidieron en que la reforma permitirá ejecutar recursos que hasta ahora estaban bloqueados por la normativa antigua, y anunciaron que esta es parte de una agenda más amplia de temas que se trabajarán de manera conjunta para fortalecer la administración de justicia en Bolivia.