A través del Decreto Supremo 5591, el Gobierno dejó sin efecto el Decreto Supremo 5547, que establecía arancel cero para la importación de grano de soya hasta diciembre de 2026, tras cuestionamientos del sector productivo.
La medida original buscaba reducir costos para la industria de subproductos, pero generó un rechazo inmediato entre los productores de arroz y soya del Norte Integrado de Santa Cruz y Beni, quienes advirtieron una posible desventaja frente a la importación desde países vecinos.
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Ante ello, los sectores productivos anunciaron medidas de presión, como bloqueo de carreteras e incluso toma de pozos petroleros, previstas para la próxima semana.
Luego de conversaciones entre autoridades de Gobierno y representantes de los gremios movilizados, el Ejecutivo determinó avanzar en la abrogación de la norma, cumpliendo los compromisos asumidos en las mesas de negociación.
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El nuevo decreto establece de forma expresa la abrogación de la norma aprobada en febrero y encarga su cumplimiento a las carteras de Economía y Finanzas Públicas, y de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
Además, según el Ministerio de Desarrollo Productivo, la medida responde a los compromisos asumidos en mesas de diálogo recientes, eliminando así una disposición que generaba preocupación en el sector agropecuario.
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En ese contexto, la cartera de Estado reiteró su disposición al diálogo, aunque rechazó las amenazas de movilización.
Uno de los primeros sectores que rechazaron la norma fue la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que calificó la importación con arancel cero como innecesaria e insistió en la liberación plena de exportaciones.
Abraham Nogales, presidente de Anapo, afirmó que la oferta nacional supera ampliamente la demanda interna: de cerca de 3 millones de toneladas anuales, solo unas 600.000 se destinan al mercado local.