El presidente del Senado, Diego Ávila, consideró el proyecto de ley anunciado por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, para “frenar” el Decreto Supremo 5503, “no prosperará” porque la política económica es una competencia del órgano Ejecutivo, por tanto, la norma implementada a través de un decreto no puede ser anulada por una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Hay competencias de los órganos del Estado. Nosotros (la ALP) no podemos legislar sobre competencias operativas del órgano Ejecutivo y el manejo de la política económica es una competencia del poder Ejecutivo, que se ejecuta a través de decretos”, declaró en conferencia de prensa.
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Si bien, de acuerdo al marco normativo, primero se encuentra la Constitución Política del Estado (CPE), luego las leyes y, finalmente, los decretos. Ávila remarcó que la política económica es facultad del órgano responsable de ejecutar las leyes y que la ALP no podría legislar al respecto.
El titular del Senado mencionó, como ejemplo, el Decreto 21060, emitido en agosto de 1985 durante el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, fue un paquete de medidas radicales para combatir la hiperinflación y la crisis económica de ese momento, y no pudo ser modificado por ley.
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“Obviamente, una ley no puede bajajr un decreto; es una competencia del nivel Ejecutivo en este caso”, remarcó.
El Decreto 5503, que levantó la subvención a los carburantes y fijo nuevos precios al diésel y la gasolina, fue adoptada para enfrentar la crisis económica y la escasez de dólares que afecta al país.
Además, la norma otorga incentivos a la inversión nacional y extranjera, lo que cuestiona la Central Obrera Bolivia (COB) al considerar que podrían favorecer la transferencia de recursos y empresas estatales a capitales privados.
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El pronunciamiento del titular del Senado se produce luego de los anuncios de la alianza Libre, principal fuerza de oposición en la ALP, y el vicepresidente Edmand Lara, de impulsar proyectos de ley y mecanismos legislativos para anular el decreto, al considerarlo como inconstitucional.
“Habrá que ver qué proponen, hasta el momento es solo un anuncio”, dijo Ávila.