Las ordenes de aprehensión emitidas contra secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y otros dirigentes sindicales, identificados como los principales promotores de los bloqueos y movilizaciones que afectan diferentes puntos del país, no fueron suspendidas de “manera definitiva” y el Ministerio Público podría reactivar la disposición judicial.
El Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de La Paz concedió el pasado viernes la tutela de la acción de libertad en favor de Argollo y Vicente Salazar, ejecutivo de la federación de campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y, en consecuencia, dejó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre los dos dirigentes.
Sin embargo, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, explicó que la determinación judicial “no es definitiva” porque la Fiscalía tiene la posibilidad de subsanar las observaciones establecidas por el juez.
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“No es una suspensión definitiva porque, mediante acción de libertad, no se ha determinado eso, solo se ha repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes. El Ministerio Público puede directamente”, presentar una nueva fundamentación, declaró.
Enfatizó que la Fiscalía, una vez cumplido el dictamen de la acción de la libertad, puede presentar nuevos argumentos para fundamentar los mandamientos de aprehensión contra los dirigentes y el juez deberá definir su ratifica la anulación o reactivar la vigencia de las ordenes de captura.
Los procesos abiertos contra el líder de la COB y otros dirigentes están vinculados a los hechos de violencia registrados durante las protestas. Entre ellos figuran los disturbios del 18 de mayo en la ciudad de La Paz, jornada que derivó en saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
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Empero, el ente obrero condicionó cualquier acercamiento con autoridades del Gobierno al cese de los intentos de detener a sus dirigentes. La anterior semana, el Gobierno ofreció garantías a los lideres sindicales para acudir al diálogo y después la justicia dejó sin efecto las instrucciones de la Policía para aprehenderlos.
Sin embargo, un ampliado de la COB, realizado el fin de semana, resolvió rechazar las convocatorias al diálogo y, por el contrario, ratificó sus medidas de presión. La organización demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.