El diputado de Unidad y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan Del Granado, rechazó este lunes la propuesta de convocar a un referéndum para modificar el periodo constitucional de las autoridades nacionales como mecanismo para enfrentar la crisis social y política que vive el país.
Afirmó que la iniciativa no cumple con las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE). Según explicó, cualquier consulta popular destinada a alterar la duración de los mandatos constitucionales solo puede plantearse una vez transcurrida la mitad del periodo de Gobierno, requisito que, a su juicio, no se cumple en la actualidad.
“Un referéndum que modifique los términos del periodo constitucional solamente puede convocarse después de la mitad del periodo constitucional. Tenemos solamente seis o siete meses”, señaló Del Granado, de acuerdo con un boletín oficial.
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En ese contexto, el parlamentario sostuvo que la propuesta impulsada por su colega, Carlos Alarcón, debe ajustarse a varios requisitos constitucionales para ser considerada viable, condiciones que actualmente no están dadas.
Respecto al escenario de conflictividad, Del Granado consideró que la prioridad debe centrarse en la instalación inmediata de espacios de diálogo entre el Gobierno y los distintos sectores movilizados. Indicó que existe disposición del Ejecutivo para abrir mesas de negociación e instó a organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y representantes de la sociedad civil a participar en esos encuentros.
“En este momento tenemos que lograr, y por eso la invocatoria, es la inmediata apertura de mesas de diálogo”, afirmó.
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El diputado también expresó la disposición de la Comisión que preside para contribuir a la construcción de canales de comunicación que permitan acercar posiciones y encontrar una salida al conflicto. En ese sentido, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el país y pidió esfuerzos conjuntos para restablecer la estabilidad.
Asimismo, cuestionó las demandas de renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, promovidas por algunos sectores sociales, al considerar que se encuentran fuera del marco constitucional. No obstante, remarcó que el Gobierno tiene la responsabilidad de atender las demandas que generan malestar en la población.
“Estamos en absoluto desacuerdo con pedidos que vayan en contra de lo que manda la Constitución. Pero, al mismo tiempo, existe una situación en la que el Gobierno tiene que resolver los problemas que conflictúan a la población”, señaló.
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El legislador advirtió además sobre las consecuencias de los bloqueos, especialmente en el departamento de La Paz, donde se registran dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos. Por ello, exhortó a los sectores movilizados a levantar las medidas de presión para permitir la normal circulación de productos esenciales.
Por último, hizo un llamado a privilegiar el diálogo por encima de las acciones de hecho y pidió al Gobierno garantizar que las conversaciones con los sectores en conflicto se traduzcan en soluciones concretas para los problemas que enfrenta la ciudadanía.

