«Está claro, la ley de arraigo promovida por el MAS vulnera principios generales y derechos fundamentales: presunción de inocencia, principio del debido proceso, derechos a la libre locomoción. Continúan vulnerando el orden constitucional y destruyendo instituciones» escribió en su cuenta de Twitter.
La Cámara de Senadores, controlada por el MAS aprobó el 11 de agosto un proyecto de ley para el «arraigo» por tres meses de las autoridades nacionales, departamentales y municipales que acaben su mandato, para que puedan rendir informes sobre su gestión a las autoridades que asuman en su reemplazo.
El Proyecto de Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional alcanza al Presidente, el Vicepresidente, los ministros, gobernadores, alcaldes, máximas autoridades ejecutivas, asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales.
