La Cámara de Senadores aprobó este jueves la Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas. La norma dispone que el Gobierno pague los prediarios de los reclusos y el bono de vacunación; de esta manera, las gobernaciones ya no se harán cargo de este gasto.
“Estamos devolviendo la facultad, la competencia y la asignación de los recursos al nivel central, que durante todos estos años fueron injustamente endilgados a las autonomías en los distintos niveles”, afirmó el presidente del Senado, Diego Ávila.
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Ávila señaló que la norma permitirá “descongestionar” el gasto de las gobernaciones y municipios. “Durante el gobierno del MAS se aplicó esa competencia mediante Decreto que llevó a una situación crítica”, afirmó Ávila, y agregó que este es el punto de partida para avanzar con el 50/50.
La ley también establece que los recursos para los diplomas de bachiller serán responsabilidad del nivel central. Además, dispone que el Tesoro General de la Nación financie becas universitarias del nivel central, y el mantenimiento de infraestructura deportiva a cargo del Estado. Estas obligaciones eran financiadas con recursos del IDH, pero la caída de la producción y exportación de gas generó un déficit alertado por las gobernaciones.
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La norma establece que la participación en riego y electrificación se definirá mediante convenios intergubernativos. Se trata de una demanda de las Gobernaciones. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió el martes que estos pagos sean asumidos por los ministerios de Gobierno, Salud y Educación. El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su consideración.